Chiapas en Contacto Las Noticias de Chiapas
21 Mayo 2021
MARIO CABALLERO
EXCELENTES NOTICIAS
Celebro que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas esté empeñado en reestablecer el clima de gobernabilidad en el estado. La detención de los 95 normalistas que mantenían secuestrada la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, asimismo vehículos y camiones de empresas particulares y hasta una pipa de PEMEX cargada con diésel, representa una victoria para los que, desde hace mucho, nos hemos pronunciado a favor de la aplicación irrestricta de la ley y el respeto al Estado de derecho.
También celebro que sectores de la sociedad chiapaneca, así como los líderes de las diferentes cámaras y organismos empresariales de la entidad hayan manifestado su respaldo a las acciones del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General de Chiapas por impedir que grupos sediciosos sigan atentando contra la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad de las personas.
Si de verdad queremos vivir en un estado donde se respeten los derechos humanos, donde exista armonía, estabilidad y un ambiente democrático, entonces no sólo es natural sino necesario que los gobernantes en turno, incluyendo al gobernador, secretario de gobierno, al fiscal general, entre otros, hagan uso de la fuerza pública para mantener la paz social y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, hay quienes sin razón aparente se oponen y califican como represión lo que es a todas luces una obligación constitucional de las autoridades: proteger el orden público a través de los medios y recursos a disposición. Eso sí, sin dejar de observar el marco normativo en la materia. Entonces, ¿debe descalificarse al gobierno por utilizar a la policía en el desalojo de grupos vandálicos?
Comencemos con el asunto de la utilización de la fuerza pública por parte de un gobernante para prevenir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de las personas, y tomemos el caso reciente de los normalistas.
Desde hace ya bastante tiempo se venía debatiendo sobre si debía el gobierno hacer uso de la fuerza ante las amenazas de los manifestantes que bloquean carreteras, ocasionan daños en bienes y patrimonio del Estado, vandalizan y saquean comercios, secuestran vehículos de empresas privadas, realizan quemas en edificios públicos, afectan el derecho al libre tránsito, entre otros ilícitos.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución, es función del Estado cuidar y proteger la integridad y los derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública.
Y, según el artículo 10 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, las conductas que ameritan el uso de la fuerza es, entre otras, cuando “una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar daños a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad, lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad”. Más claro, ni el agua.
La respuesta a la pregunta de si se debe descalificar al gobierno por utilizar a la policía en el desalojo de grupos vandálicos, es no.
Soy de los que creen en las leyes y en las instituciones. Y si la ley faculta a la autoridad para emplear la fuerza en casos específicos y mediante procedimientos también específicos, no creo que se esté cometiendo una injusticia o un abuso de poder con la detención de los 95 normalistas de la Mactumactzá. “La ley es dura, pero es la ley”, dice uno de los principios del Derecho, y, ni modo, hay que acatarla nos guste o no.
¿VÍCTIMAS?
En el asunto de los normalistas no hay que llamarse a equivocación. No son víctimas del gobierno ni de nadie más, y si acaso lo son, es de ellos mismos.
Estos estudiantes vienen desde hace tiempo exigiendo una serie de beneficios que el Gobierno de Chiapas les ha concedido en menor o mayor medida. La Secretaría General de Gobierno, por ejemplo, se ha abierto al diálogo con ellos para escuchar sus demandas y ver la manera de cómo cubrir las necesidades de la escuela, especialmente los económicos.
A diferencia de cualquier otro estudiante de nivel superior, sea del centro educativo que sea, los de la Mactumactzá gozan de apoyos para alimentos, uniformes, transporte y antes del periodo de pandemia tuvieron estímulos del gobierno para asistir a eventos deportivos y culturales en otros estados del país. Y sí, hasta les dieron vales de gasolina.
Actualmente, cada uno de los 487 alumnos recibe la cantidad de 73 mil 58 pesos en diversos apoyos. Sumado a eso está la beca “Benito Juárez”, que consiste en un monto de 4 mil 400 pesos bimestrales. Mientras que un estudiante de pedagogía no recibe ni un quinto.
En lo que va del año la escuela ha recibido cuatro millones 539 mil 800 pesos, por partidas estatal y federal, en cumplimiento a compromisos pactados por gobiernos anteriores.
Ahora, con el aumento de la matrícula también ha aumentado de forma proporcional los apoyos para alimentos, uniformes, entre otros, y sin quitarles ni un solo peso por otros conceptos. Para este 2021, para solventar esta necesidad dicha institución recibirá más de 35 millones y medio de pesos en total, que se le han liberado de forma mensual.
Por otro lado, se invertirán más de 30 millones para la construcción de dormitorios. Así como otros cinco millones para el desarrollo de áreas sustantivas, a fin de que estos futuros formadores de niñas, niños y adolescentes reciban un servicio gratuito, digno y seguro por parte del Estado.
Empero, no conformes con todo esto los normalistas quieren más dinero del erario cuando ya todas sus necesidades básicas han sido cubiertas y exigen que se les otorguen plazas automáticas, siendo que la nueva legislación establece que todo aquel que aspire al servicio profesional docente deberá sustentar y aprobar un examen de oposición.
Los de la “Mactu” no sólo no quieren ser evaluados, sino creen estar por encima de la ley y la justicia para vandalizar edificios públicos, tomar la caseta de cobro cuando les venga en gana, bloquear las carreteras, golpear a policías y ocasionar daños en bienes de empresas particulares. Sin importar que con sus actos de violencia pongan en riesgo la seguridad y la vida de las personas, que ni la deben ni la temen.
El día que fueron detenidos se les aseguraron tres vehículos en los que transportaban mil 464 cohetones, 193 bombas molotov, 87 granadas hechizas, dos tanques de gas, ocho aerosoles, un arma blanca y cuatro barretas de hierro. Por tanto, no creo que con todo ese armamento fueran a realizar una manifestación pacífica, sino quiero pensar que lo que buscaban era provocar un enfrentamiento del que tal vez pudieron resultar víctimas fatales. Esto se evitó gracias a la oportuna y eficiente intervención de la fuerza pública.
RESPALDO SOCIAL
Sin duda, la detención de los normalistas son excelentes noticias para la gobernabilidad. Esperemos que, con el debido respaldo de la sociedad, las autoridades consigan la paz social y estabilidad que todos nos merecemos.