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+ Y así mismo apoyo educativo para los padres trabajadores que tienen hijos con necesidades especiales
CIUDAD DE MÉXICO, México, 03 de Mayo de 2016.- Durante la última semana de sesiones del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, la Diputada María Elena Orantes López, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para apoyar a los trabajadores, padres de hijos con discapacidad y protección a personas con la condición del Espectro Autista.
Orantes López argumentó, que la educación no debe ser privilegio de unos cuantos, sino un derecho para el desarrollo personal y social del individuo, información que podemos encontrar en el artículo tercero constitucional. Por ello, es importante fortalecer las instituciones que proporcionan opciones de desarrollo a las personas con discapacidad, así como amortiguar los costos implícitos en los casos en que las condiciones socioeconómicas y laborales de los padres disminuyen este desarrollo.
La Diputada chiapaneca, recordó que en nuestro país se emitió el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; así como la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, buscando con ello, un sistema incluyente para potenciar el desarrollo educativo de personas con alguna discapacidad y de quienes tienen aptitudes sobresalientes.
La Diputada ciudadana señaló, que de acuerdo a las cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, solo el 4.37% de la población total con discapacidad esta recibiendo atención educativa y que la suma de los gastos para mejorar la calidad de vida de estas personas, es de 35 a 60 mil pesos mensuales que resultan impagables para la clase trabajadora.
Finalmente, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento ciudadano, consideró la posibilidad de mejorar las oportunidades de los hijos con discapacidad que crecen en las familias de la fuerza laboral de México, haciendo que el estado reconozca la obligación de brindarles una educación incluyente, además de que se considere el costo implícito que facilite el pleno desarrollo de las personas con discapacidad y que se proyecten salarios e incentivos laborales para los padres trabajadores.