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MEXICO, D.F., 03 de Julio de 2014.- Los servicios de extensión y capacitación rural deberán considerarse como una obligación del Estado, en el mismo nivel de importancia que la infraestructura de riego o temporal, o de vías de comunicación, sobre todo de aquellos productores que no concurren en los mercados nacionales o de exportación, y que solamente reciben pequeños subsidios o apoyos para subsistir sin la esperanza de salir de la pobreza.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) considera que los servicios de las dependencias federales al campo, deberán ser por tipología de los productores. No pueden ser los mismos que se ofrecen a productores de Sinaloa, Sonora o Tamaulipas, que a los de Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Puebla.
Estos planteamientos de la CNC, corresponden a la participación de sus dirigentes en el Foro «Extensionismo Holístico e Innovación y Desarrollo Tecnológico», en Querétaro, donde el diputado federal Rubén Escajeda Jiménez, coordinador del Sector Agrario de la propia organización en la Cámara de Diputados, hizo una serie de propuestas para que se enriquezca la Reforma para la Transformación del Campo.
Expresó que resulta claro que en el campo se necesitan servicios de extensión, que partan del reconocimiento de que, ante las crecientes necesidades de alimentos y en un mundo globalizado, bajo la amenaza del cambio climático, la lucha en el sector rural es por la productividad, la competitividad y la sustentabilidad.
Consideró la necesidad de reconocer tres niveles distintos de productores:
Productores de estratos inferiores que no participan en el mercado nacional de alimentos. Representan el mayor potencial de incremento de productividad, y con ellos es necesario trabajar intensamente para desaparecer la tendencia de la pobreza. En este estrato hay que minimizar las pérdidas de cosecha por deficiencias en el desarrollo de los cultivos y la carencia de infraestructura de almacenes; al mismo tiempo se podrá revertir el deterioro de los recursos territoriales que se causa por usuarios sin apego a la aptitud de las tierras.
El costo de los servicios de extensión y capacitación agropecuaria dijo, debe ser totalmente con cargo al presupuesto público, y operado por una instancia de la Secretaría de Agricultura, eludiendo a «los pepenadores de rentas» y que, al mismo tiempo, se propicie la cooperación de los proveedores de insumos, como fertilizantes y semillas, equipamiento, para el establecimiento de parcelas demostrativas.
El coordinador del Sector Agrario puntualizó que los productores de los estratos intermedios o de transición, con posibilidades de incrementar notoriamente la productividad y posibilidades de ganar competitividad en el mercado, para convertirse en el sostén de la seguridad alimentaria. Este segmento de productores se ocupan, fundamentalmente, a los granos básicos, como maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo. Sus excedentes los transfieren a la ganadería, para engorda de animales y producción de carne de res, cerdo, pollo, leche y huevo. En este grupo la tarea consiste en transferir los conocimientos indispensables -utilizando tecnologías de la información– para incorporar con éxito las innovaciones y cambios que permitan maximizar la rentabilidad por peso invertido, por metro cúbico de agua utilizada y por hectárea cultivada.
Las organizaciones o empresas de estos grupos de productores señaló, podrán integrar unidades técnicas que operen bajo su control, con el apoyo y conocimientos del personal de los centros de investigación y desarrollo tecnológico –otro bien público al cual debe tenerse acceso universal– o por el personal de los proveedores de insumos y bienes de producción. Este nivel de servicio de extensión y capacitación, sería administrado por las organizaciones o empresas de los productores.
Finalmente comentó, que el tercer nivel corresponde a productores de estratos superiores que ya están en un adecuado nivel de competitividad y pueden pagar una asistencia técnica específica y de buen nivel. Su preocupación principal debe estar en función del uso sustentable de los recursos naturales, en particular del agua, el suelo y la energía. De igual manera, de la calidad de sus productos, de la sanidad e inocuidad, a fin de satisfacer las necesidades y exigencias de los consumidores nacionales y del extranjero.