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EU acusa a ‘Rafa’ Márquez y Julión Álvarez de nexos con el ‘narco’

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CIUDAD DE MÉXICO, 09 de Agosto de 2017.-El futbolista Rafael (Rafa) Márquez y el cantante Julión Álvarez, este último íntimo amigo del gobernador Manuel Velasco Coello, son testaferros y prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, según determinó la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de señalar que dicho narco “es de talla mundial, del nivel de El Chapo y del Mayo Zambada”.

Funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México señalaron que Flores Hernández ha amasado una fortuna de cientos de millones de dólares y tiene empresas como el Gran Casino de Guadalajara, bares, restaurantes, equipos de futbol, negocios en la música, en los que la OFAC detectó que Márquez y Álvarez le han servido de prestanombres.

El Departamento del Tesoro señala, de manera especial, que Rafa Márquez y Julión Álvarez “han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico, ya que mantenían bienes en su nombre”.

El gobierno de Estados Unidos congelará las cuentas bancarias, propiedades y demás bienes que tengan Flores, Márquez y Álvarez, así como todos los señalados. En México será  la Procuraduría General de la República (PGR) la que determine la situación legal de los implicados, según explicaron los funcionarios.

También sostuvieron que los vínculos económicos entre Márquez y el narcotraficante Flores Hernández data de más de dos décadas y con Julión de al menos 10 años, según las investigaciones de la OFAC, coordinadas con la administración antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la Agencia de Adunas y Protección Fronteriza.

El gobierno del presidente Donald Trump señaló que “la designación establece la mayor acción individual que ha tomado la OFAC bajo la ley para determinar a Narcotraficantes Más Significativos, en contra de una red de cárteles de la droga de México”.

Otros implicados en la red criminal de Flores Hernández son Efraín y Omar Caro Urias (parientes de Rafael Caro Quintero); Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González –por actuar a nombre de Rafa Márquez-; María Icela Chávez Martínez; Felipe Flores Gómez; Kevin Sebastián Flores Chávez (su hijo), Sendy Flores Castro y Moisés Flores Esparza, entre otros.

Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de esta organización criminal. Por esta razón, participó en la investigación la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de nuestro país.

En Washington la OFAC dijo que  la designación de Márquez y Álvarez  significa la congelación de sus bienes y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer transacciones con sus empresas, así como la cancelación de la visa.

En total fueron designados 22 mexicanos y 42 entidades mexicanas como parte de las sanciones a la organización de Flores.

El Departamento del Tesoro informó que, en coordinación con la Procuraduría General de México (PGR), se confiscaron diversos bienes de Flores, entre ellos el Gran Casino de Guadalajara, ciudad natal de Márquez.

Según las acusaciones, Flores opera de manera independiente pero tiene «alianzas estratégicas» con el liderazgo del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación en México.

El Tesoro indicó el miércoles que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores.

Márquez, de 38 años, es el capitán de la selección mexicana y ha tenido una destacada carrera con clubes como el Barcelona, Mónaco y Red Bulls de Nueva York. Actualmente juega con Atlas de Guadalajara de la primera división mexicana.

La OFAC publica una lista de personas llamadas SDN (por Specially Designated Nationals o nacionales especialmente designados), en la que incluye individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de países que Estados Unidos considera objetivos.

La lista, en la que aparecieron los nombres de Márquez y Álvarez, también incluye a personas, grupos o entidades considerados terroristas o traficantes de drogas, sin vinculación con algún país en particular.

La lista incluye las siguientes propiedades de Márquez: Calle Popocatépetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco; Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670; Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116; Moliere 330-303, Col. Polanco, Ciudad de México, 11560; J.J. Martínez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, Jalisco 45040; Blvd. Adolfo López Mateos 1810, Col. La Martinica, León, Guanajuato.

Escuela de Futbol Rafael Márquez, AC; Futbol y Corzón, AC; Grupo Deportivo Alvaner, SA de CV; Razón, AC; Grupo Deportivo Márquez Pardo S de RL de CV; Grupo Nutricional Alhoma SA de CV; Grupo Terapéutico Hormaral, SA. de CV; Grupo Terapéutico Puerto Vallarta, SA de CV y Prosport &Health Imagen, SA de CV.

Los bienes enlistados de Álvarez son:

Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630; Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670; Av. Manuel Acuña 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690; JCAM Editora Musical, SA de CV y Noruban Productions, SA de CV.

Con esta designación, los bienes, inmuebles, propiedades y cuentas bancarias que tienen los designados dentro de las demarcaciones bajo la jurisdicción estadunidense, se confiscan y quedan congeladas. A los ciudadanos, empresas y entidades de los Estados Unidos, se les prohíbe cualquier relación o contacto con los implicados.

Las penalidades que se aplican por violaciones a las designaciones de la OFAC, son el caso civil de hasta un millón 437 mil 153 dólares. Las criminales para el caso de directivos de empresas son sentencia de hasta 30 años de cárcel y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas a las empresas llegan hasta los 10 millones de dólares y otras personas, civiles, pueden ser enviadas a prisión hasta por un plazo de 10 años.

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