DE BUENA FUENTE

26 Junio 2017

Erisel Hernández Moreno

eriselhm63@gmail.com

Increpa Aristegui

GOBIERNO

La periodista Carmen Aristegui increpó al presidente Enrique Peña Nieto acerca de que las tentativas de espionaje gubernamental contra activistas y periodistas realizadas entre 2015 y 2016 alcanzaron a su propio hijo, entonces menor de edad: “¿Para qué quería la información de un adolescente?”, preguntó al mandatario, al añadir “¿de qué más es capaz, presidente siniestro?”.

La mañana de ayer, después de la revelación de 12 nuevos casos de activistas y periodistas que recibieron mensajes de texto infectados con el programa espía Pegasus, organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de que esta dependencia investigue “a profundidad” el uso que el gobierno federal destina a estos programas malignos.

Urgieron que llegue a México un grupo de expertos para dar seguimiento a la investigación, al estilo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI coadyuvó en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y evitó que el gobierno federal cerrara el caso con su llamada “verdad histórica”.

Las víctimas reiteraron el llamado de la sociedad civil a que el gobierno federal haga públicos los contratos que distintas dependencias celebraron con empresas desarrolladoras de programas espías, con el fin de conocer a detalle el sistema de espionaje gubernamental que opera en México.

John Scott Railton, integrante del Citizen Lab, una institución académica adscrita a la Universidad de Toronto, Canadá, que rastrea y exhibe los programas espías desde hace años, insistió en que por lo general los gobiernos que emplean estos malwares son “autocráticos” e incluso “casi dictatoriales”.

Tomó el ejemplo de Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos o países del Medio Oriente, pero recordó que México era en 2015 el cliente más importante de la empresa israelí NSO Group, la cual creó el programa Pegasus.

“La ausencia de un sistema de control fuerte y de una adecuada rendición de cuentas abre la puerta a los abusos”, añadió el canadiense.

Pese que el New York Times desplegó en primera plana el reportaje sobre los nuevos casos de espionaje y que la prensa mexicana retomó abundantemente la noticia, el silencio del gobierno federal fue casi absoluto.

La única comunicación oficial consistió en una carta que Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de Peña Nieto, envió a los editores del periódico estadunidense.

En esta carta, la Presidencia de la República negó la existencia de “prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”.

PGR

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez, adelantó que solicitarán apoyo internacional para investigar el presunto espionaje a periodistas, activistas y políticos en el país.

El titular del organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) aseveró que como muchas de las empresas que realizan estos servicios son extranjeras solicitarán colaboración a nivel mundial, esto días después de la denuncia de periodistas sobre la presunta intervención de sus comunicaciones.

Señaló que para ello es necesario determinar a quiénes y qué personas pudieron dar acceso a este tipo de sistemas, así como qué compañías prestan este tipo de servicios.

En tanto, la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, indicó que será la Policía Científica de la Policía Federal la encargada de investigar el presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos tras las denuncias presentadas.

Recordó que dichas acciones buscan garantizar la privacidad y libertad de expresión de las personas afectadas.

Agregó que ya buscan pruebas científicas de este delito por la presunta extracción de información a través de la instalación de un malware en sus teléfonos.

Sobre los denunciantes Herrerías Guerra puntualizó que no han solicitado protección directa.

RETAZOS

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