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Política Al Margen

24 Enero 2020

Por Jaime Arizmendi

 

*Ponen Médicos de su Bolsa Focos, Hojas y más…

*¿Y la Salud en las Urbes?

 

Argonmexico / Al mal paso no le deissste… Cuando México contaba apenas 34 millones de habitantes, el Presidente Adolfo López Mateos dio origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuya ley entró en vigor el 1 de enero de 1960. Ahora, 60 años después y una población de 129 millones, la institución no logra salir de su terapia intensiva.

Las quejas y denuncias por la falta de medicamentos, equipo, material sanitario de todo tipo (hasta abatelenguas), o de la más mínima papelería para llenar formatos e historias clínicas, el ISSSTE no encuentra el mejor remedio para curar ese cáncer en que lo hundieron los gobiernos de los últimos 20 años.

Y es que durante los años 1999 a 2003 la inversión en su infraestructura fue casi nula; aunque de 2004 a 2009 sí aumentaron sus recursos, de 2010 al 2018 se cayó la inversión en casi 72 por ciento. Peor aún, con argumentos falaces, el gobierno de Felipe Calderón cerró nosocomios como el “Gonzalo Castañeda” hospital de tercer nivel que atendía a la derechohabiencia del norte del Valle de México.

Fue en los primeros días de septiembre de 2011, tras 47 años de servicios, cuando la directiva del Hospital General “Gonzalo Castañeda” argumentó” (sin un dictamen técnico formal), que por “fallas estructurales se tenía que desalojar. Así, sin más, el día 9 de ese mes se impidió el acceso a los pacientes que acudían a consulta o a prepararse para una intervención quirúrgica.

También se dijo al personal médico y administrativo que serían reubicados “de preferencia a otro centro de salud de la institución que les quede cerca de su domicilio”. Y al traste con el tratamiento y medicamentos de los enfermos.

En la máxima expresión del neoliberalismo rampante, la Comisión de Vigilancia del ISSSTE dijo haber identificado tres problemáticas: La edificación presentaba daños estructurales como elementos de concreto agrietados, acero expuesto y corroído, asentamientos diferenciales.; y la falta de capacidad del inmueble para adaptar su distribución interior y exterior para generar espacios adicionales.

Así como el argumento de que “el nivel freático de la zona se filtraba inundando las celdas de cimentación, que representaba una agresión a la estructura del edificio y podía provocar el debilitamiento del concreto y la corrosión del acero, con un riesgo inminente de que la estructura pudiera colapsarse”.

Fue así como sus 75 mil derechohabientes anuales (de entonces) fueron desplazados de manera irremediable a otros centros médicos como el “Primero de Octubre” y el Hospital de Tacuba, donde ahora, enero de 2020, no solo faltan implementos y equipo médico o hasta papelería; sino incluso no hay consultorios suficientes.

Por todo ello, los doctores, enfermeras y personal administrativo del Hospital de Tacuba tienen que andar buscando en sus casas, con familiares o en la calle, hojas de papel que se puedan reciclar para llenar reportes, formularios e historias clínicas.

Cuando antes del cierre del Gonzalo Castañeda, en Tacuba se atendía a los derechohabientes de cuatro clínicas, ahora recibe a los de otras cuatro clínicas, incluida la de Especialidades de Indianilla. Éste reportero encontró casos inquietantes como el que, por la carencia de “abatelenguas” desde hace meses, se tiene que pedir a los derechohabientes lleven una cuchara de su casa, para poder revisarlos de la garganta.

Igualmente, debido a la falta de mantenimiento a los equipos, cuando se funden las lámparas especiales que se utilizan en las unidades dentales y de revisión de oídos, nariz y garganta, los médicos se ven obligados a comprar con su propio dinero focos que no cuentan con la debida capacidad luminosa.

Otro tema alarmante lo representa el que, ante la escacez de áreas para efectuar sus consultas, los especialistas se ven obligados a relevarse o compartir consultorio, o acomodarse en algún rincón u orilla del nosocomio, para poder atender y valorar a sus pacientes, en proyecto de intervención quirúrgica o cuando esta ya fue realizada.

Un Informe Financiero y Actuarial presentado en octubre pasado por el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, admite que las cuotas y aportaciones que recibe la institución no son suficientes para poder subsanar los gastos en el seguro de salud.

“A 60 años de su fundación, el Instituto no busca mirar atrás sólo para entrever su creación sino para visualizar desde la perspectiva que da el presente, la totalidad del tiempo transcurrido y recapitular con nuevos ojos los beneficios de la seguridad social”.

Al comparecer ante las comisiones de Salud y Seguridad Social, que presiden los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero y Gricelda Valencia de la Mora, repuso que son muchas las deficiencias que padecen los derechohabientes, desde desabasto de medicamentos, falta de especialistas, incluso camas y materiales de curación…

Ramírez Pineda dio conocer que al 2018 el déficit en el seguro de salud fue de 14 mil 996 millones de pesos. Además, en este año “nos hemos dedicado a atender contingencias heredadas por falta de planeación y porque nos alcanzaron, desafortunadamente, las enfermedades y la edad de los derechohabientes”.

Recordó que esta administración recibió un pasivo de más de 18 mil millones de pesos, “que se ha ido atenuando y disminuyendo”, pero también “se van sacrificando otras áreas” porque tenemos que pagar a prestadores de servicios, particularmente de servicios integrales y medicamentos.

También “heredamos 16 mil 428 sentencias pendientes para pensiones, que representan un costo más o menos de 2 mil 300 millones de pesos”; adicionalmente, se enfrentan 122 mil 800 juicios que están en proceso y que pueden causar un daño patrimonial de siete mil millones de pesos en pensiones y 6 mil 200 millones de pesos en materia laboral.

Si no atendemos esto, alertó, “nos va a generar problemas y costos adicionales que pueden ser de hasta 140 millones de pesos. Ya nos están embargando cuentas por parte de los tribunales, así como también sanciones e inhabilitaciones a los funcionarios del Instituto”.

Luis Antonio Ramírez dijo que otra contingencia tiene que ver con los adeudos de las entidades. A la fecha, señaló, los estados le deben al Instituto casi 58 mil millones de pesos. El tema, consideró, es delicado porque este adeudo no permite disponer de los recursos para invertirlos en los servicios que se prestan. Así las cosas, urge atender la falta de servicios de salud a los más pobres del campo, ¡pero también a los de las urbes!…

 

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