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En el 95 Aniversario del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar

Pronunciamiento del FNLS

Chiapas, México, 09 de abril de 2014

A los jornales agrícolas, campesinos y ejidatarios pobres

A las organizaciones hermanas e independientes

A los organismos defensores de los derechos humanos e independientes

A los medios masivos y alternativos de comunicación

Al pueblo de México

En el contexto político-histórico de la conmemoración del 95 aniversario del cobarde asesinato de nuestro General Emiliano Zapata Salazar por parte del ejército federal constitucionalista, las organizaciones populares del país reivindicamos el 10 de abril de 1919 como el acontecimiento que nutre la memoria colectiva de la lucha ininterrumpida del pueblo contra el Estado mexicano y el sistema capitalista. Conmemoración a la que contribuimos como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Asesinato del caudillo popular revolucionario planificado y ejecutado por los traidores de la revolución que es la misma clase que hoy  usurpa y detenta el poder de forma violenta e ilegítima, representados por el PRI y el PAN principalmente, que fuguen desde esos tiempos como representantes y administradores de la burguesía. La ideología reaccionaria, las formas de gobernar represivas y antipopulares del Estado mexicano no se han modificado.

Lucha revolucionaria del pueblo por el derecho a la tierra y al trabajo, mediante el cual los desposeídos tendrían la posibilidad de forma un patrimonio familiar-comunitario de por vida y para toda su descendencia, fue truncada con el asesinato de los principales caudillos populares revolucionarios Zapata y Villa.

La lucha por la tierra para el pueblo y su defensa, que en la actualidad cobra más vigencia por el rezago agrario como consigna y represalia política gubernamental en contra los campesinos organizados de forma independiente y en lucha. Mediante la arbitraria modificación al artículo 27 constitucional, la cancelación de la legítima dotación de tierras a campesinos pobres y desposeídos, y el despojo legalizado por la imposición del Procede-FANAR, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), anulan la propiedad social para convertirse en una mercancía más del comercio capitalista; en síntesis: la privatización de las tierras ejidales y comunales.

Con ello, el despojo de tierras cede el paso para la construcción de presas hidroeléctricas, extracción de minerales, construcción de parques eólicos, para garantizar de eso modo el sostenimiento de la cuota ganancia del capital nacional y transnacional; medidas que provocan el recrudecimiento de la crisis alimentaria en un ambiente donde la ley hacendaria asesta un duro golpe a la economía de los miles de pequeños comerciantes: formales e informales. A la par del incremento de la tarifas de energía eléctrica, agua, gasolina y gas, que encarecen la adquisición de la canasta básica. Con ello se perfecciona la legislación burguesa que privatiza la propiedad social de la tierra, con el sostenimiento del paramilitarismo como política de Estado para contribuir a la división de los pueblos y así justificar la represión, como ocurre en la actualidad, con nuestros compañeros del ejido El Carrizal, miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS).

En nuestro país prevalece contra la voluntad del pueblo, un Estado de derecho oligárquico que criminaliza, acosa y viola los derechos humanos y constitucionales fundamentales del pueblo; imponen una democracia burguesa que sólo es el “consenso” político-jurídico del sistema capitalista, que consiste en mantener a las masas trabajadoras en la pobreza, desempleo, miseria, hambruna y opresión política.

La reciente imposición de leyes neoliberales por mandato del imperialismo Estadounidense para beneficiar al capital privado transnacional y nacional, es una prueba de autoritarismo que se ejerce por medio de la dictadura de opinión –televisa y tv-azteca− y la hegemonía política violenta con que se monopoliza el poder político-económico de la élite de oligarcas, gobernantes y políticos de oficio corruptos. Muestra fehaciente es que la ley, los tres poderes de la unión y la “democracia” sirven únicamente para beneficiar a caciques, grandes empresarios, comerciantes voraces, industriales pro imperialistas y sobre todo al parasitario capital financiero local y transnacional.

Leyes neoliberales que se imponen desde los organismos financieros imperialistas como el FMI, BM, BID y la OCDE que anulan los derechos constitucionales de los mexicanos; derechos que en su mayoría fueron conquistas sociales de la lucha del pueblo que alcanzaron rango constitucional por el empuje revolucionario de las masas organizadas de la ciudad y el campo como son el derecho a: la vida, trabajo digno, tierra, alimentación, vivienda digna, salud suficiente y eficiente, educación pública, libre tránsito, manifestación de ideas y organización, como las principales garantías y derechos universales de las sociedades humanas.

Desde los poderes fácticos, intelectuales y periodistas orgánicos del régimen, voceros y defensores todos −desde el púlpito de los medios de comunicación y la academia− del Estado burgués mexicano, pasaron las reformas laboral-educativa, financiera y energética como justas y necesarias, porque de ellas son beneficiarios inmediatos y mayoritarios; por el contrario, cuando entra en operación la ley secundaria del espectro radioeléctrico todos los peones, alfiles, generales y jerarcas del capital financiero transnacional de origen mexicano respingaron, iniciado así una disputa inter-burguesa ( grupo Carso, Televisa y Tv Azteca) por obtener la mayor cuota de poder dentro del triopolio de la comunicación masiva.

Entonces sí, los amparos proceden de forma expedita, el poder ejecutivo y legislativo se revela una vez más como la servidumbre del capital financiero oligárquico encarnado en el país en los clanes Slim, Salinas Pliego y Azcárraga Jean.

Polarización socioeconómica que se refleja en que de los cerca de 120 millones que conformamos la población mexicana, más de 90 millones sobreviven en la pobreza, de los cuales los 50 millones subhumanamente viven, enferman y mueren en la miseria; mientras los responsables de estos flagelos sociales, son 10 familias de oligarcas que monopolizan, usufructúan, acumulan y concentran mezquinamente la riqueza social, sobreexplotan mano de obra asalariada, despojan y depredan recursos naturales, provocando ecocidio y genocidio social.

Actualmente, la generalización y agudización de la lucha de clases se manifiesta en el movimiento magisterial- popular, encabezado por la CNTE y otras expresiones del magisterio democrático nacional; además del movimiento popular que persiste en la lucha contra el capitalismo y el neoliberalismo, así  como la permanente lucha abrazada por organizaciones populares y defensoras de derechos humanos no gubernamentales nacionales e internacionales contra los crímenes de lesa humanidad.

El Estado responde con la represión masiva y especializada a través del Estado policiaco-militar, principal sostén y punta de lanza del régimen por el cual se despliega el terrorismo de Estado, enmascarado en la “lucha contra la delincuencia organizada”, que en esencia y práctica es una política contrainsurgente del mismo contra las organizaciones del pueblo y los luchadores sociales.

Crímenes de Estado, que son una herida profunda al pueblo, que en los 12 años de panismo se convirtió en una estela de muerte y dolor que trastocó todos los sectores sociales, principalmente los de origen popular. Represión institucionalizada que aún sigue siendo  generalizada  y sistemática. Aunque la mayoría de los medios acepten la censura y autocensura, la violencia va escalando en amplitud y barbarie.

Pero las detenciones desapariciones por motivos políticos y sociales ya rebasan los 70 mil casos denunciados; el número de asesinados como presuntos delincuentes no ha parado, la cifra raya en los 90 mil; las detenciones arbitrarias por motivos sociales y políticos incriminados como delincuentes se acercan a los 2 mil entre  últimos años del sexenio Calderón y la actual administración peñista.

Dentro de la dinámica de lucha de clases, como FNLS enfrentamos las falsas acusaciones policiacas de supuestos anarquistas de forma individual y membretes, del entregador de luchadores sociales Angel Benhumea, del frustrado guerrillero y provocador Jacobo Silva y del ladino Gabino Flores Cruz; tríada de inconsecuentes que ante sus incapacidad falta de construir un trabajo político organizativo de propio, se cobijan en la Otra Campaña para dar rienda suelta a su enfermedad de protagonismo. Sujetos que hacen mancuerna inquisidora con presuntos anarquistas que tienen la tarea de señalar siendo o convirtiéndose en parte del juego del Estado, para que éste ejecute por medio de su aparato represivo oficial y paramilitar, como ocurrió con  los compañeros del MULT asesinados: Basilio Guzmán Sánchez y Martín Sánchez Pérez el 28 de marzo; y Nicolás Ortiz Florentino, el 30 de marzo del presente año.

Panorama nacional que nos exige a mujeres y hombres con consciencia de clase, redoblar esfuerzos, combinando creativamente todas las tácticas de lucha de masas, dar los pasos firmes para avanzar en la coordinación, alianza y unidad popular clasista.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

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