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Diputados aprueban Ley General de Servicio Profesional Docente

+ Avalan artículos no reservados de ley de Servicio Profesional Docente

México, D. F., 01 de Septiembre de 201|3./Agencias.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta noche en lo general y en lo particular, con 390 a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones, los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea de la Ley General de Servicio Profesional Docente.

En ella se garantizan los derechos laborales del magisterio, establece los criterios de evaluación para que no sean punitivos, además de la permanencia, la capacitación y el fortalecimiento de las Normales públicas.

Luego de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, dio por terminado la sesión de Congreso General durante la cual se recibió el Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, convocó a sesión ordinaria de la Cámara baja a las 20:00 horas para la discusión de este dictamen.

Esto provocó malestar entre algunos de los representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.

Durante el receso algunos legisladores de izquierda señalaron en conferencias de prensa y en entrevistas que se pretendía dar un «albazo» y que se estaba engañando de nueva cuenta al magisterio.

La sesión se reanudó a las 20:20 horas y de inmediato subió a la tribuna el presidente de la Comisión de Educación, Jorge de la Vega Membrillo, para fundamentar el dictamen y presentar las modificaciones que se le hicieron a través de un agregado.

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Antonio Carol Altamirano, Silvano Blanco de Aquino y Javier Orihuela García presentaron una moción suspensiva para que se retirará este documento, con el argumento de que se había violentado el proceso legislativo; sin embargo la mayoría del pleno la rechazó.

En su intervención, De la Vega afirmó que las modificaciones consensuadas en la Comisión de Educación fortalecen el dictamen, sobre todo en lo referente a la procuración de los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación y las garantías «para que no se den acciones punitivas a través de la evaluación».

El perredista dio a conocer que se modificó el Artículo 4, fracción 18, inciso C, del dictamen, y establece que el nombramiento de base se dará por tiempo indeterminado, en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la legislación laboral.

Comentó que en el Artículo 22 se señala «en la educación básica y media superior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicio, sin nota desfavorable en su expediente».

Asimismo se le agregó al Artículo 24, referente a los concursos de oposición, que el perfil que debe tener el docente didáctico pedagógico en la educación básica corresponderá al académico con formación docente pedagógica o áreas afines a los niveles educativos.

En este caso se privilegiará el perfil pedagógico docente de los candidatos.

En el Artículo 27 se plantea que durante el periodo de inducción, las autoridades educativas locales brindarán las orientaciones y los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar.

Al término del periodo de inscripción, la autoridad educativa local evaluará el desempeño del personal para determinar si cumple con las exigencias propias de la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se le otorgará nombramiento definitivo, explicó.

El perredista comentó que en el Artículo 83 se define que las relaciones de trabajo del personal a qué se refiere la ley, o las autoridades educativas y organismos descentralizados, se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley.

El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley, podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.

«Un segundo eje que se planteó, entre otros la Comisión de Educación, es sobre la evaluación, que ésta debía de ser contextualizada que no punitiva», dijo.

De la Vega Membrillo indicó que se modificó también el Artículo 7 de la ley, espejo del Artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) aprobada el 22 de agosto, respecto a los atributos del servicio profesional docente.

Expresó que corresponderá al INEE expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, además de que deberá regular y promover la participación de observadores de la sociedad en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición, para el ingreso y la promoción.

Con esto «se evita, a partir y a través del instituto, que la autoridad, con la evaluación puede ejercer acciones punitivas; expedir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas», subrayó el legislador perredista.

Insistió en que al facultar al INEE para autorizar, supervisar los procesos de evaluación y emisión de los resultados previstos en el servicio y aprobar los elementos métodos etapas y los instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el servicio, se evita que la evaluación sea empleada en contra de los profesores.

Al dictamen avalado también se agregaron tres artículos transitorios: el 20 señala que «en la determinación de los perfiles parámetros indicadores e instrumentos de evaluación aplicada al personal docente y al personal con funciones de dirección y supervisión en la educación media superior del Instituto Politécnico Nacional, deberá considerarse la normativa de dicho instituto».

El 21 establece que el Artículo 24 de la ley, donde se plantea que en los concursos de oposición para el ingreso al sistema educativo podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil y requisitos solicitados, entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por último se adiciona un Artículo 22, que señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP) formulará un plan integral para iniciar los trabajos formales a nivel nacional de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas.

Esto a efecto de asegurar la calidad de la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo.

Al fijar la postura del PRD, Miguel Alonso Raya, reconoció que la mesa de trabajo entre la CNTE y un grupo de legisladores sirvió para reivindicar a las Normales del país.

A nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subió a la tribuna Arnoldo Ochoa González, quien estableció que la reforma Constitucional a los Artículos 3 y 73 tiene como punto principal garantizar la calidad de la educación obligatoria.

De esa manera los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes, garantizarán el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Se ha afirmado, especificó, que vulnera y viola los derechos laborales, lo cual es totalmente falso, y para ello dio lectura a la fracción III del Artículo 3 Constitucional.

Se ha hablado y se ha acusado que la ley y la evaluación es punitiva. Sin embargo, agregó, «queremos dejar muy claro que es un proceso, no es una prueba para ver quién obtiene más resultados a base de reactivos múltiples o de respuesta directa».

Por el PAN habló Ernesto Alfonso Robledo Leal, quien expuso que la mayoría de los maestros no le temen a la evaluación para mejorar, que les importa la educación, que sí están preocupados por mejorar sus condiciones de trabajo para dar mejores resultados y preparar mejor a los niños y jóvenes.

«La evaluación debe tener como primer propósito el que los maestros y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional», afirmó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo prevé que «el sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades», sostuvo.

En su intervención, Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, aseguró que este dictamen se introdujo de manera subrepticia y hasta cobarde contra los maestros.

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