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CIUDAD DE MEXICO; Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de mayo de 2026/ No. 3950.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que no se dispensará ni se abreviará nada en el proceso legislativo sobre la reforma judicial; la Comisión de Puntos Constitucionales tiene cinco días para deliberar y emitir el dictamen.
En la conferencia “Legislativa del Pueblo”, indicó que de acuerdo con los cinco días que establece la Ley, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene hasta el martes para aprobar las reformas al Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en integridad de candidaturas y la modificación constitucional y de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para establecer una nueva causal de nulidad electoral y de casillas por intervención extranjera.
Informó que el martes, una vez que la Comisión sesione, se tendrá Sesión del Congreso General a las 16:00 horas y, posteriormente, se realizará la primera sesión del periodo extraordinario en la que se discutirá, en lo general, la reforma constitucional, y el miércoles en lo particular, las reservas y las otras reformas previstas.
“El miércoles tendríamos que concluir para que le enviemos al Senado como Cámara revisora, para estar concluyendo el viernes de la semana próxima y luego turnarla a los estados, sábado, domingo y lunes, para que el lunes se haga la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, si es que así sucede, y el martes se estaría promulgando y publicando”.
Explicó que las reformas al Poder Judicial, producto de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, proponen reordenar el calendario electoral para aplazar la segunda elección judicial al 2028 y permitir la revocación de mandato junto con las elecciones ordinarias.
Otros temas que integran esta propuesta son los relativos a que sea el primer domingo de junio de 2028, de forma concurrente con el proceso electoral federal ordinario, la elección judicial; se desplaza del año 2027 al 2028 la segunda ronda de renovación de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, detalló.
Agregó que se define que, en la homologación territorial, las entidades federativas no podrán celebrar sus procesos de elección judicial en fechas distintas a las fijadas para la federal, mientras que los cargos no renovados en 2025 y vacantes se elegirán sin excepción en la elección 2028.
La propuesta también señala que la renovación de poderes judiciales locales deberá concluir el 2028; las legislaturas locales contarán con 60 días para realizar las adecuaciones constitucionales y legales; asimismo, determina que las personas juzgadoras, cuyo cargo concluya en 2027 permanecerán en funciones hasta la toma de protesta de quienes emanen de la elección, misma que ocurrirá el 1° de septiembre de 2028 en el Senado de la República.
Además, esta reforma aborda la reducción de candidaturas, la simplificación y el blindaje del voto, el principio de paridad de género, la organización territorial, este último plantea desagregar geográficamente los circuitos en unidades territoriales más pequeñas, la reducción de candidaturas por boleta y mayor proximidad ciudadana, precisó el diputado Monreal.
También, dijo, se propone la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) que estará integrada por cinco consejeros electorales, elegidos y votados por el Consejo General por un periodo de tres años.
“Es un vínculo entre los partidos y van a tener acceso a la información de Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria, sobre la existencia de información que permita establecer un posible riesgo razonable de relaciones con la delincuencia”, enfatizó.
Apuntó que esta es “una medida preventiva para que no se cuelen perfiles que sean susceptibles de este riesgo razonable y será juicio del partido si una vez que tiene la información de personas con riesgos razonables, siguen persistiendo los partidos en postularlos”.
Añadió que actualmente no tiene el INE facultades de fiscalización, de organización de la elección y nombramiento de funcionarios de casilla. Ahora se está creando una comisión integrada por cinco consejeros electorales. “Para mí, los diez consejeros electorales y la presidenta tienen probabilidad para integrar esta comisión”.
Subrayó que esta comisión es tan importante que la Constitución Política le otorga facultades para solicitar información sobre si no tienen malos manejos, problemas incluso hasta de dependencia alimentaria o vínculos presumibles con el crimen organizado o si están siendo investigados por algún vínculo con la delincuencia común.
Consideró que es momento de respaldar “estas decisiones legislativas para frenar cualquier intromisión o cualquier postulación de personas que tengan sospecha de vínculos con el tráfico de drogas o con cualquier medida o modalidad del tráfico de enervantes o relaciones con el crimen organizado y se prevenga ese tipo de acciones que nos afectan en la vida pública y en la política”.
Estas propuestas de reforma a la Constitución y a la ley, deberían acompañarlas todas las fuerzas políticas “porque está en ese sentido de no permitir que perfiles con antecedentes o con riesgos razonables puedan colarse a una elección de cualquier cargo, incluido el de la Presidencia de la República. Deberían acompañar estas reformas que estamos presentando tanto la presidenta como un servidor”, resaltó.
En el tema de sus iniciativas que plantean reformar el artículo 41 de la Constitución Política y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, las cuales tiene como objetivo establecer una nueva causal de nulidades electorales, expuso que su propuesta es para prevenir cualquier posibilidad de gobierno extranjero, no solo Estados Unidos, cualquiera que se vea tentado en intervenir en México.
“La propuesta concreta en materia constitucional, dentro de las causales de nulidad, es que se declare nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
Comentó que con estas adecuaciones se amplía el catálogo de supuestos jurídicos para la nulidad de una elección. “Actualmente hay tres supuestos, exceder el cinco por ciento del financiamiento, existir violencia en las casillas, que se demuestre que se utilizó dinero ilícito, ya sea incluso de entidades públicas o de entidades privadas o ilegales”.
Reiteró que la idea es prevenir desde la Constitución y la ley, que un gobierno extranjero o una institución, aunque no sea gobierno, pero que sea física o moral, intervenga en el proceso electoral.
“Es decir, primero es el 41 constitucional, el que da el marco general para el sistema de nulidades y después Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Rechazó que su propuesta constituya un riesgo de persecución política. Será, puntualizó, para bien esta medida, porque refuerza la soberanía y previene que otros países influyan en nuestras elecciones y sean los que decidan a través de cualquier intervención diplomática, militar, política tendiente a manipular el voto”.
