LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ENGAÑIFA OFICIAL

20 octubre 2022

Ø      Defensores que no defienden

Ø      Se acumulan las quejas 

Ø      Hoy la Defensoría de Derechos Humanos es letra muerta

Por: Agustín López Cuevas 

En abril de 2008, mediante acuerdo emitido por el entonces rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Dr. Ángel René Estrada Arévalo, se institucionalizó la Defensoría de los Derechos Universitarios como un órgano independiente para atender las denuncias y quejas de los integrantes de la comunidad universitaria que se consideraran afectados en sus derechos de universitarios.

Ante los continuos ataques a los Derechos Humanos de la comunidad estudiantil, solapados por las autoridades universitarias, y debido a la legítima y necesaria presión ejercida por los colectivos feministas en el año 2019, se puso en marcha, obligados por la presión social,  el Programa Institucional y el Protocolo contra la Violencia, Violencia de Género, Hostigamiento, Acoso Sexual y Discriminación, el cual tiene como propósito principal prevenir y atender cualquier acto u omisión de este tipo.

Para paliar las distintas denuncias por violación a los Derechos Humanos, enderezados en contra de la administración rectoral que encabeza Faustino Natarén Nandayapa, esta Defensoría mutó a la denominación de Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, para adecuarla a los tiempos actuales. Ésta, ahora, sirve para que el rector la utilice como herramienta represora en contra de los propios integrantes de la comunidad universitaria, o de parapeto de impunidad ante los múltiples casos que cotidianamente se denuncian, pero que jamás se atienden de manera ágil y eficiente, en detrimento de los propios afectados.

A más de tres años de la implementación del referido protocolo, y como resultado de la movilización de la comunidad universitaria, ante la alarmante violencia de género dentro de la máxima Casa de Estudios de Chiapas, se instauraron mesas de diálogo con la participación activa de la comunidad estudiantil, de personal docente y administrativo, así como de diversos grupos organizados de la propia comunidad, con el propósito de recibir las distintas quejas que la rectoría jamás atendió y que ahora se acumulan como un patrimonio negativo de esta administración rectoral que está convertida en la más violadora de Derechos Humanos en la historia de la UNACH.

Hoy, en la Universidad Autónoma de Chiapas, se apilan las quejas por violaciones a los Derechos Humanos de manera formal e informal, pues muchos universitarios saben que atreverse a realizar una queja ante este organismo no solo es perder el tiempo sino, sobre todo, exponerse a recibir, a cambio, represalias de todo tipo por parte de las autoridades unachenses, como ha sucedido y sucede actualmente.

Desgraciadamente, esta Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios actúa en franco contubernio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), (el abogado general de la UNACH antes de serlo trabajó en la CEDH)  no obstante que este último organismo estatal autónomo tiene competencia en todo el territorio del Estado de Chiapas para conocer de peticiones que contengan quejas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos imputadas a cualquier autoridad o servidor público, sea estatal o municipal.

Son muchas las quejas no atendidas y revertidas en contra de los propios quejosos. A esta fecha, la CEDH jamás ha atendido y resuelto una queja en favor de los afectados; lo anterior, debido a intereses de carácter interinstitucional. Veamos algunas de esas quejas planteadas y no atendidas:

1. Miguel Ángel Cordero Molina, docente de la Facultad de Derecho, campus III, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
2. Heriberto Mendoza de la Cruz, docente de la Facultad de Negocios, y Alicia Hansen Rojas, docente de la Facultad de Administración, ambos en Tapachula.
3. Eleazar Acopa García, docente de la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios con sede en Catazajá.
4. Paula Mendoza Nazar, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
5. Javier Rodríguez Jiménez, trabajador administrativo de confianza adscrito a la Coordinación General de Finanzas, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
6. Socorro Elizabeth Oseguera Vázquez y Francisco Oltra Paniagua, trabajadores administrativos de confianza adscritos a la Coordinación General de Finanzas, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
7. Gerberto Escobar Mancilla, personal docente con sede en Tuxtla Gutiérrez.

Toda la normatividad existente en este tema, a partir del Artículo 1 de la Carta Magna, establece la obligación del Estado, de sus autoridades y de todo servidor público, de proteger y garantizar los Derechos Humanos, así como el deber del mismo Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos.

 

Hoy, la Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios de la UNACH y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, son letra muerta. O sea, son una engañifa oficial notoria y evidente.