FGE y UNICACH informan a estudiantes sobre prevención del acoso escolar

+ Las instituciones cuentan con instancias y mecanismos de atención

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 22 de abril de 2026.- El acoso escolar puede derivar en delitos e incluso en desenlaces fatales; se trata de un fenómeno que puede prevenirse, sancionarse y atenderse, explicó Elena Zentella Brindis, funcionaria de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), durante una conferencia impartida en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

La psicóloga y terapeuta ofreció la conferencia “Alto al bullying” al estudiantado de la institución, como parte de las actividades coordinadas por la FGE y la Dirección de Derechos Humanos, Género, Inclusión y Cultura de Paz de la UNICACH. Una de las principales estrategias para combatir el acoso escolar es, precisamente, la sensibilización y formación de quienes integran las instituciones educativas, afirmó.

Detalló que el bullying, o acoso escolar, es una conducta negativa, intencional y reiterada, ejercida por uno o varios agresores contra una víctima, con el propósito de intimidarla, humillarla o aislarla, en un contexto de desequilibrio de poder. En el entorno universitario, añadió, estas conductas incluyen la exclusión académica, humillaciones públicas, hostigamiento en trabajos en equipo y agresiones en plataformas digitales.

Asimismo, destacó que en México las cifras son alarmantes: siete de cada diez estudiantes han presenciado o sufrido acoso escolar, mientras que millones de adolescentes se encuentran en riesgo. Aunque suele asociarse con niveles educativos básicos, señaló que también está presente en la educación superior, donde al menos uno de cada cinco estudiantes ha experimentado alguna forma de acoso.

En cuanto al marco legal, explicó que el acoso escolar puede implicar responsabilidades administrativas, civiles y penales, al estar vinculado con delitos como amenazas, lesiones, discriminación, abuso sexual e incluso homicidio. Recordó que la legislación mexicana establece la obligación de las instituciones educativas de garantizar espacios seguros y libres de violencia.

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