Comentario Zeta

Lunes 25 de mayo de    2026.

Por Carlos Z. Cadena.

Tuxtla:  Operativos municipales para evitar que grupos de colombianos sigan cometiendo pillerías y desmanes.  

Plausible la labor de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez que dirige David Hernández Pérez, quien junto con otras autoridades municipales agarraron el “toro por los cuernos”, al reconocer  que habrá una “estrategia policial” para hacerle frente a un fenómeno social que inclusive lo debe de apoyar los cuerpos policiales estatales y federales, porque se trata de una postal que se venían advirtiendo desde hace meses,  y que era la misma ciudadanía que lo denunciaba, sobre las amenazas y abusos que vienen contiendo grupos de extranjeros en su mayoría “colombianos” que operan en “modo de repartidores de mercancía  en sus motocicletas2, sin embargo hay quienes denuncian que el problema es más grave de lo que se supone porque hay otras figuras delictivas en que se les ha acusado a estos grupos de migrantes extranjeros.

Aunque desde la semana pasada empezaron discretamente operativos de la policía municipal, apoyado por agentes de migración, que vigilaron la movilidad de algunos de estos extranjeros sobre todo en los libramientos norte y sur, son extranjeros  que se han quedado a vivir en la capital, pero que están siendo acusados de cometer infinidad de delitos como extorsión, robo de motocicletas y lo peor control de determinadas zonas de la ciudad donde florece el fenómeno de amenazas, chantajes, ultimátums  y hasta intimidaciones.  Un fenómeno delincuencial que ocurre en estados como Veracruz, Tabasco y Campeche, donde miles de extranjeros que ingresaron por Chiapas, se han quedado a vivir, que según el INM son migrantes ilegales, además de violentar la paz y la seguridad de los mexicanos.

Sin embargo hay voces de ciudadanos Tuxtlecos que indican que se debe de aumentar una mayor vigilancia policial en contra de este nuevo fenómeno delictivo que cometen estos grupos de migrantes extranjeros que en su  mayoría son Colombianos y que han actuado desde hace muchos meses en Chiapas y  en varios lugares del país, porque han fomentado “cadenas de préstamos económicos a gente mexicana pobre»,  que después se convierten en chantajes,  intimidaciones y hasta amenazas de muerte. Se pensaba que Chiapas estaba  excluido de esta plataforma  de grupos de extranjeros, pero lamentablemente se ha recrudecido y aumentado este fenómeno delincuencial que están haciendo sus travesuras y que urge la ampliación de la justicia, pero de los tres órdenes de gobierno, porque ayer ya se habló de asaltos en  motocicletas y aseguran que son extranjeros.

Tienen razón que este fenómeno empezó a salirse de control, y aquí  no tiene por nada del mundo que pagar los platos rotos una población y una sociedad Tuxtleca que sea asediada por extranjeros que nunca en la historia se había observado, pero es el momento hasta para  lo antes posible haya un programa de vigilancia, de prevención,  y detener a todo aquel extranjero que cometa  delitos en Tuxtla y en todo Chiapas. Se le ha otorgado mucha fraternidad humana a los migrantes, pero ya con este tipo de alarma en contra de nuestras familias, sencillamente aplicar el poder de la justicia ante la figura del cero impunidad, y sobre todo que sean extranjeros.  Así las cosas.

Será los partidos políticos quienes sean responsables para cerrar el paso a “narcopolíticas”. Ya en el Congreso federal la iniciativa.  

Un fin de semana futbolero a nivel nacional,  pero también sin  precedente en la historia legislativa del país, y  en Chiapas alcanzó más todavía su hermetismo, por la “encerrona”  estratégica   del partido guinda estatal  que también ha provocado agitación por los últimos acontecimientos que se han dado en la entidad,  donde se ha trastocado a la figura de los ayuntamientos municipales,  donde el “cero impunidad” ha sido contundente con la aplicación de la justicia y que ha gustado dentro  del sentir de la sociedad chiapaneca. Por lo pronto, según el periódico la Jornada, se informa que con gran celeridad avanzan los preparativos para el periodo extraordinario de sesiones que se iniciará mañana martes y en el que se discutirán cuatro reformas político-electorales, que deben estar aprobadas y promulgadas antes del primero de junio, a fin de que puedan aplicarse en los comicios de 2027.

Ya son consideradas leyes legislativa federales del último jalón para consolidar al partido en el poder (MORENA) que evidentemente ha levantado mucha polémica estas iniciativas con los partidos de oposición, incluyendo el PVEM, que respira la oportunidad para aprovechar su supremacía electoral nacional o el despegue de MC, y como la carrera de automóviles triunfar, aunque sea por unos metros en la parte final de la carrera. Así que la lupa se encuentra con el PVEM y el partido MC, más allá de otros como el PAN o el PRI. Son momentos históricos que el país vive.

Por lo pronto la Comisión Permanente Legislativa recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) a fin de establecer mecanismos para detectar a candidatos a puestos de elección popular vinculados al crimen organizado. Es una de las cuatro iniciativas enlistadas en el temario avalado por la Permanente. La parte medular de esa propuesta es crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, dentro del Instituto Federal Electoral (INE), misma que mantendrá coordinación e intercambio con los partidos políticos e instancias del Estado vinculadas con seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.

En la exposición de motivos se detalla que la evaluación será voluntaria para los partidos y para quienes aspiren a candidaturas. No será obligatorio para registrar candidaturas, sino una herramienta preventiva e informativa, a fin de detectar nexos con actividades delictivas antes de las postulaciones. Los partidos podrán presentar listas completas o parciales de aspirantes a ser evaluados, pero deberán comprobar que éstos otorguen de manera expresa su consentimiento a la revisión de sus perfiles. La iniciativa de Sheinbaum contiene salvaguardas para proteger la presunción de inocencia y evitar afectaciones a pesquisas en curso.

Por ello, la comisión de verificación del INE sólo recibirá información sobre posible riesgo, sin expedientes, carpetas de investigación o información financiera específica. Una vez que reciba la valoración de las dependencias participantes –entre ellas la UIF– sobre un “riesgo razonable” de vinculación con el narco, o en general la delincuencia organizada, lo notificará de manera confidencial al partido político o al aspirante independiente.

La decisión final sobre una candidatura queda en manos de cada fuerza política, indica la propuesta, y deja claro que la identificación de un “riesgo razonable” no equivaldrá a una acusación penal ni sustituirá facultades ministeriales o judiciales. Sin embargo, si durante las revisiones las autoridades detectan información relevante sobre posibles delitos, estarán obligadas a iniciar o continuar las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales.

MORENA se la juega electoralmente, y va por las “trayectorias impecables”, que prometió la dirigente nacional Ariadna Montiel…¿Será?.