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+ La adición de un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se turnó al Senado
CIUDAD DE MEXICO, Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de abril de 2026./Boletín No. 3828.- Con la unanimidad de 422 votos, la Cámara de Diputados aprobó dictamen que establece que los titulares de las dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal, acorde a las necesidades y funciones en los centros de trabajo, garanticen, respeten y protejan los derechos humanos de los menores de edad que tengan más de dieciséis años y brinden el apoyo y las facilidades para que concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.
El documento, que adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.
En el régimen transitorio precisa que los titulares de las dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal en sus distintos niveles podrán coordinarse con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para establecer las acciones necesarias en la ejecución del presente decreto, las cuales deberán adaptarse a sus necesidades y funciones.
Además, el dictamen indica que de conformidad con los datos de la estadística “a propósito del Día de la Administración Pública de 2019” del INEGI, se puede observar que sobre todo en las administraciones municipales prevalece una brecha educativa con 60 por ciento de servidores públicos sin educación o educación básica.
Por su parte, el “Censo Nacional de Gobierno Federal 2023” refleja que el 3.3 por ciento de mujeres y el 5.2 por ciento de hombres que trabajan en la administración pública de los distintos órdenes de gobierno a nivel municipal, estatal y federal no cuentan con educación básica, por lo que la adición de un párrafo segundo en el artículo 13 promueve una mejora estructural en la capacitación de los trabajadores menores de edad, con efectos positivos tanto en la productividad como en el servicio público.
Hace notar que el Estado debe respetar y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la educación entre sus propios trabajadores, estableciendo mecanismos institucionales que lo hagan posible, como programas de alfabetización, validación de saberes y horarios flexibles. Al fortalecer la formación de sus empleados, el Estado se fortalece a sí mismo, consolidando una administración pública más humana, competente y comprometida con la transformación social.
Seguir cerrando brecha de desigualdad y rezago educativo
La diputada Karla Patricia Sánchez Rodelo (Morena) expresó que el objetivo es establecer de manera expresa en el marco jurídico la obligación de las dependencias públicas de garantizar que las personas trabajadoras del Estado cuenten con las condiciones necesarias para concluir al menos su educación básica obligatoria.
Indicó que la propuesta reconoce una realidad que aún persiste dentro del sector público, especialmente en los niveles operativos, ya que el rezago educativo limita tanto el desarrollo personal de las y los trabajadores como su crecimiento profesional y su acceso a una mejor calidad de vida.
Se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 13 en materia de personas trabajadoras menores de edad que cuenten con más de 16 años, a efecto de que los titulares de las dependencias tengan la obligación de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, brindando el apoyo y las facilidades necesarias para que concluyan por lo menos su educación básica obligatoria, enfatizó.
Con ello –dijo– se garantiza que a los jóvenes que hoy forman parte de administración pública y que por razones familiares o económicas no pudieron terminar su educación básica, los titulares de las dependencias podrán brindarles las facilidades para que puedan concluir su educación. Con esta reforma se da un paso para seguir cerrando la brecha de desigualdad y rezago educativo.
