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+ La explosión de Iztapalapa y la responsabilidad que no se quiere asumir.
CIUDAD DE MEXICO; 15 de septiembre de 2025.- El Dr. Víctor Torres López, reconocido abogado en el país y militante del Partido del Trabajo, señaló que no puede permanecer en silencio ante la tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, donde la explosión de una pipa de gas dejó al menos 14 muertos y decenas de heridos.
Torres, enfatizó que esta catástrofe no es un simple accidente: es un crimen de omisión y negligencia sistemática.
Durante años, los expertos en seguridad, transporte y gestión de riesgos han señalado que el traslado de materiales peligrosos por zonas urbanas densamente pobladas representa una amenaza latente.
Nada de lo que sucedió fue sorpresivo. Una pipa vieja, una velocidad indebida, una zona saturada, un marco regulatorio débil o mal aplicado. Todo ello se alineó para que el resultado fuera, lamentablemente, lo que hoy estamos lamentando.
No hay accidentes, hay responsabilidades. Mencionó Víctor Torres.
La frase «todos los accidentes son previsibles» no es solo una consigna técnica. Es una advertencia ética, jurídica y política. Porque si eran previsibles, entonces también eran evitables. Y si eran evitables, alguien falló: ya sea por inacción, por complicidad o por indiferencia.
Aquí no basta con señalar al chofer. Las responsabilidades son estructurales:
¿Dónde estaban las autoridades que deben revisar las condiciones de estas pipas?
¿Por qué se permite el paso de transporte con gas LP en zonas residenciales?
¿Qué empresa está detrás del vehículo siniestrado y cuáles son sus antecedentes?
¿Qué protocolos reales de prevención se aplicaron antes y durante la tragedia?
El dolor no puede quedarse en impunidad. Hoy, las familias están de luto. Pero mañana, si no se actúa, otras lo estarán. El caso Iztapalapa debe marcar un antes y un después en la regulación del transporte de materiales peligrosos.
Desde el Partido del Trabajo, hemos insistido en la necesidad de reformas estructurales en materia de protección civil, y de un sistema nacional de monitoreo y control del transporte de sustancias peligrosas, que no puede quedar a discreción de empresas ni de gobiernos locales. Este es un asunto de seguridad nacional. Sentenció Torres López.
