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+ Se deben articular justicia climática, seguridad alimentaria y desarrollo local, indican en el foro “Raíces y futuro. Hacia un ambientalismo mexicano”, se llevó a cabo
CIUDAD DE MEXICO, Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de diciembre de 2025:/Boletín No. 3104.- Representantes de comunidades, organizaciones sociales y autoridades señalaron la urgencia de reconstruir el diálogo para avanzar hacia una política ambiental integral que articule justicia climática, seguridad alimentaria y desarrollo local.
En el foro “Raíces y futuro. Hacia un ambientalismo mexicano”, líderes comunitarios subrayaron que las organizaciones territoriales no deben ser vistas como obstáculos, sino como aliadas estratégicas para conservar los ecosistemas, fortalecer el tejido social y sostener la estabilidad en regiones rurales e indígenas.
En el panel denominado “Historias desde la base”, la conversación se centró en el papel de las organizaciones comunitarias en la conservación del territorio, la gestión sostenible de los recursos y la generación de soluciones ambientales y sociales desde sus propias localidades.
La mesa reunió a actores comunitarios y productivos de diversas regiones del país, entre ellos Gustavo Sánchez, presidente del Comité Ejecutivo de la Red Mexicana de Organizaciones Forestales Campesinas (Red MOCAF); Aureliano Aldama, dirigente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (CONACOOP); Sixto Pinacho, representante del Corazón del Valle en Cintalapa, Chiapas; y Pablo Chankin, líder comunitario de Tres Lagunas en la Selva Lacandona.
Durante su intervención, Gustavo Sánchez, presidente de Red MOCAF, subrayó la necesidad de recuperar los espacios de participación ciudadana, muchos de los cuales dejaron de funcionar en los últimos años. Lamentó que, en la administración federal pasada, diversas organizaciones fueran estigmatizadas y que la Comisión Nacional Forestal alcanzara uno de sus niveles presupuestales más bajos en dos décadas.
Destacó que para hablar de un “nuevo ambientalismo” es indispensable la interlocución entre organizaciones, Poder Ejecutivo y Legislativo, y subrayó que las comunidades forestales realizan inversiones propias, impulsan restauración con sistemas de monitoreo y desarrollan capacidades productivas, especialmente para grupos de mujeres.
También llamó a fortalecer el financiamiento público en el sector ambiental, ya que los recursos actuales resultan insuficientes frente a la magnitud del territorio que debe atenderse.
Por su parte, Aureliano Aldama, dirigente de CONACOOP, expresó la preocupación del sector pesquero social frente a restricciones ambientales que, dijo, afectan directamente la productividad y la subsistencia de miles de familias ribereñas.
Señaló que la pesca ribereña es una actividad de sobrevivencia, no de enriquecimiento, y que el país tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria para más de 136 millones de habitantes.
Cuestionó que, mientras México mantiene abiertas sus fronteras a importaciones de pescados y mariscos, las y los productores nacionales enfrentan dificultades para exportar y mayores limitaciones para pescar debido a cambios normativos, creación de zonas de refugio y acuerdos ambientales internacionales.
Afirmó que el sector comparte la preocupación por el cuidado de los ecosistemas, pero pidió que las políticas públicas reconozcan las necesidades económicas y alimentarias actuales de las comunidades.
En representación de comunidades del sur del país, Pablo Chankin y Sixto Pinacho retomaron la importancia de los sistemas de vida comunitarios, la defensa de los territorios y la producción local como ejes de la gobernanza ambiental.
Subrayaron que en las comunidades rurales no sólo habitan los ecosistemas, sino que son actores fundamentales en su conservación y en el desarrollo de alternativas productivas sostenibles.
