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+ Indicó que también hay ocho instrumentos legislativos que se tienen que sacar
+ El Plan B de la reforma electoral es una reforma sustancial, afirmó
CIUDAD DE MEXICO, Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de marzo de 2026./Boletín No. 3477.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, anunció que mañana o pasado mañana se iniciará en la Cámara de Diputados el proceso de renovación del Instituto Nacional Electoral (INE), y se va a procurar seleccionar los tres mejores perfiles que le garanticen al país seguir trabajando con un Consejo con principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo.
“Vamos a mandar la convocatoria mañana, si la Junta lo autoriza, o el jueves. Y va a ser un trabajo pesado, desde la selección del Consejo Técnico hasta la recepción de aspirantes y candidatos, examen y todo lo que implica una renovación de este tipo. La Cámara de Diputados tiene una carga”.
Puntualizó que el Consejo de INE ahora es un órgano equilibrado, no es del gobierno, no obedece a consignas del gobierno; al contrario, se ha destacado porque actúan con autonomía e independencia, aún en contra del gobierno y del partido en el gobierno.
“Así es que yo considero que va a continuar siendo autónomo e imparcial y nosotros vamos a procurar, porque así sea, y seleccionar los tres mejores perfiles que le garanticen al país seguir trabajando con estas características y estos principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo”, afirmó.
Comentó que en la Cámara de Diputados se tiene una carga legislativa mayor. Está la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo pendiente de dictaminar y de votar; la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad, la competitividad de la economía social, y el Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Además, la Ley Federal del Trabajo en materia de Derecho de Personas, Trabajadores, Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, una Ley de Cine y Audiovisual, la Ley de Vivienda y la reforma al 127 en materia de pensiones.
“Tenemos ocho instrumentos legislativos que tenemos que sacar y, entonces, simplemente se distribuyó la carga legislativa. Yo estoy de acuerdo con el trámite porque tenemos aquí el trabajo extra de nombrar, designar o elegir a tres consejeros electorales que sustituyen a quienes terminan en el mes de abril: consejeros electorales que fueron nombrados por la Cámara de Diputados”.
Informó que Hacienda está preparando, por indicaciones de la presidenta, otros dos instrumentos jurídicos, legislativos, en materia económica y hacendaria, y se está a la espera de una ley de migración y de un paquete sobre anticorrupción, que “no sé si llegue en este o en el próximo periodo, pero los dos primeros creo que sí van a llegar”.
Aprobación del Plan B no tendrá dificultades
Sobre el contenido del Plan B en materia de reforma electoral, afirmó que es una reforma sustancial; “algunos han querido minimizarla, yo no lo hago. Creo que es el propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum ir reduciendo los costos que generan los partidos, los procesos electorales y la materia electoral en sí, en términos generales”.
Resaltó que ya está acordado la aprobación para este periodo de sesiones. “A diferencia del Plan A, que siempre dijeron que iban a votar en contra los aliados, ahora en el Plan B han adelantado su voto a favor. Entonces, yo creo que no tendrán dificultades en el Senado. Es un buen documento. Va a haber un debate interesante. Vamos a esperar”.
Al ser cuestionado de que el Plan B de reforma electoral sea enviado al Senado como Cámara de origen, dijo que fue una decisión de la presidenta de la República. “Yo avalo eso, avalo que la haya enviado allá. Es un acuerdo que se tomó por parte de ella”.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena subrayó que el Plan B representa reformas a cuatro artículos de la Constitución: 35, 115, 116 y 134.
El artículo 35 se refiere a la revocación de mandato y a la consulta popular, pero en el último momento se decidió no enviar lo relativo a la consulta popular, porque generó al interior de los aliados y de la coalición ciertas propuestas de nueva redacción, y al no aceptar la prohibición tajante de eliminar la consulta popular en materia electoral, no tenía sentido establecer candados para la procedencia y se eliminó, precisó.
Recordó que actualmente la materia electoral está prohibida para la consulta popular y lo que proponía la presidenta era que no estuviera prohibida la materia electoral. “Al final decidió no presentar esa propuesta, que seguramente se verá reflejada en el documento que envíen al Senado y queda como está el artículo 35 en esta materia de consulta popular”.
Agregó que hay una modificación en materia de revocación de mandato; se establece que esta consulta podría hacerse dentro del tercer o cuarto año del ejercicio electivo de la titular del Poder Ejecutivo Federal, “por lo que sí contiene revocación de mandato dentro del tercer o cuarto año de gobierno, ya que actualmente la Constitución previene que la revocación de mandato será hasta el cuarto año de gobierno, transcurrido los primeros tres años. Esa es una modificación sustancial”.
El artículo 115 –añadió– habla de la reorganización de los ayuntamientos, limitando el número de regidores. Establece un mínimo de siete hasta un máximo de quince regidores y una sola sindicatura, porque hay estados donde tienen en su ley, en su Constitución, varios síndicos. Entonces, ahora se somete y se limita a un solo síndico y a siete, mínimo, de regidores hasta 15.
El artículo 116 fija un límite al presupuesto de los congresos estatales y de modo que no se exceda en un porcentaje del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad. Es lo que contiene y también procura reducir el número de diputados de acuerdo con la población, aunque no lo prevé en el artículo 116.
A su vez, el artículo 134 se refiere al tema de las remuneraciones de los servidores públicos, que deben ajustarse estrictamente a los límites constitucionales. Esto va orientado a los funcionarios electorales y del Tribunal Electoral de que no podrán ganar más que la presidenta de la República y tampoco se permitirán seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada, cajas de ahorro particular y bonos extras de desempeño.
Se prevé modificar siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cinco artículos de la Ley General de Partidos Políticos. La primera ley contiene materias como topes de salarios, la fiscalización más estricta y, en tiempo real, también la fiscalización de probables recursos ilícitos provenientes de actividades ilícitas o provenientes de cualquier persona que no esté capacitada y apta para recibir donaciones o recursos los partidos y candidatos.
Hizo mención que también habrá una reforma judicial, en materia del Poder Judicial; se reducen nombres de los candidatos y otras materias que “estamos pendientes de recibir en vía al Senado cuando ellos concluyan este trabajo de análisis”.
