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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas; 28 de enero de 2025.- Después de un proceso de análisis en Comisiones Unidas, con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y académicas, se someterá a la aprobación del pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, la iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el estado de Chiapas en materia de cohabitación forzada, señaló la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Dicha iniciativa que fue presentada por la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género – subrayó la líder del Congreso-, pretende tipificar y penalizar la cohabitación forzada de menores de 18 años, buscando erradicar las uniones informales obligadas, a menudo escudados en «usos y costumbres».
Ante altos índices de embarazos adolescentes y uniones forzadas, derivadas en los pueblos y comunidades indígenas -por usos y costumbres – y ante el caso de una menor de 13 años con un embarazo de alto riesgo-, el Congreso de Chiapas ha venido trabajando esta reforma para sancionar la cohabitación forzada.
Con la reforma, destacó la diputada por MORENA, se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad (o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho) a vivir de manera informal con otra persona.
Para ello, se proponen penas de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multa y éstas aumentarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas.
La cohabitación forzada en Chiapas es un problema crítico que arrebata la infancia, aumenta la violencia doméstica y limita el desarrollo de niñas y adolescentes. El objetivo es prohibir esta conducta y garantizar que las menores no sean forzadas a mantener una relación parecida al matrimonio.
