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CIUDAD DE MEXICO; Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2025.- La Comisión de Salud, presidida por el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella (Morena) aprobó por 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el dictamen a la iniciativa que reforma la Ley General de Salud, sobre prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos, y otras materias que fortalecen la atención de la salud de la población.
La iniciativa, presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, plantea incorporar un capítulo nuevo a esta Ley, para definir que, se entiende por cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos, todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora.
En su artículo 282 Quater establece que queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezcla, acondicionamiento, envasado, transporte con finos comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de estos cigarrillos electrónicos. Así como actos de publicidad o propaganda para que se consuman a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.
Menciona que al que realice por cualquier medio alguna de las conductas a que se refiere el artículo citado, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las autoridades sanitarias competentes podrán hacer uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxiliar de las instituciones de seguridad pública de las tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.
Otras modificaciones son para promover el establecimiento del Sistema Nacional de Información en Salud como mecanismos de reporte y acopio de información estadística y nominal.
Integrar y administrar una base nacional de información en salud con información de la prestación de los servicios, la infraestructura y el equipo médico, que permita la evaluación del desempeño de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, el intercambio de servicios y la planeación estratégica de las políticas, los criterios y las directrices en materia de salud.
También, se busca coordinar la planeación de la creación, sustitución y ampliación de unidades médicas, así como para el equipamiento médico de alta tecnología, mediante la implementación del Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología.
Asimismo, llevar a cabo el control respecto de la preparación, aplicación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de medicamentos, productos biológicos, vacunas, insumos y dispositivos médicos, a excepción de los de uso veterinario.
Establecer el concepto de Salud Digital como un componente de salubridad general y crear un capítulo específico. Con ello se reconoce el papel estratégico de las tecnologías de la información en la prestación de servicios, gestión clínica, vigilancia epidemiológica, y atención remota.
Se faculta a la Secretaría de Salud como instancia rectora de la planeación, creación, sustitución y ampliación de unidades médicas, y del equipamiento médico de alta tecnología, mediante la implementación del Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud.
Incorpora como instancia para la atención de quejas médicas y resolución técnica a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), promoviendo mecanismos alternativos de solución de controversias y fortaleciendo la seguridad del paciente y su articulación con las entidades federativas y las instituciones públicas de salud.
Intervención de las y los diputados
La diputada Ana Isabel González González (PRI) consideró que prohibir y penalizar abre puertas y panoramas como el mercado negro, la venta y distribución clandestina de cigarrillos electrónicos. “Busquemos las formas y mecanismos para regularizar y lograr un beneficio; estamos a favor de la salud, pero, creemos que no es la mejor propuesta para contener este tema de vapeadores”.
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti (Morena) señaló que no se sanciona ni la portación ni el consumo, lo que se establece es un método que permita desde la lógica parlamentaria un criterio de protección a la salud de las y los jóvenes y adolescentes. “Tenemos claro que no hay un mercado negro por eso es la supervisión”.
Para el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), la cuestión más “grave” del dictamen es el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que al cambiar el mecanismo por el cual va a trabajar, se centraliza a un término burocrático, así como el presupuesto público de salud, salvaguarda de datos personales, prohibición de vapeadores, salud digital, el cambio en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el intercambio de servicios.
De Morena, la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre explicó que el Fonsabi no desaparece, pero sí se eliminan sus compartimientos para aprovechar mejor los recursos y no existan “tapujos burocráticos”. Señaló que ya existe el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual, puede utilizarse cuando sea necesario, como ocurrió durante la pandemia.
Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN, comentó que centralizar compras en Birmex fue un fracaso y este dictamen pretende elevarlo a rango de ley cuando tiene incumplimientos masivos de medicamentos oncológicos y cero sanciones. “La solución no es premiar al responsable es profesionalizar y volver a modelos que funcionaban”.
De Morena, la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio señaló que por primera vez se da acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que fortalece la rectoría del Estado en materia de salud y justicia, colocando en el centro a las personas y su derecho a una atención medica de calidad.
A su vez, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) manifestó su voto en contra, ya que la prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores únicamente criminaliza a las y los consumidores y le regala un nuevo mercado al crimen organizado. “Este es uno de los dictámenes más punitivos que han pasado por aquí”, añadió.
Al hablar a favor, la diputada Mónica Fernández César (Morena) subrayó que este dictamen atiende de manera sustancial el flagelo del uso y abuso del fentanilo y de los cigarrillos electrónicos; también, incorpora mejoras sustanciales y refuerza una nueva dirección para la política de salud en México.
La diputada Amancay González Franco (MC) dijo que “si detienen a un joven comprando o distribuyendo un vapeador se le dará hasta ocho años de prisión. Estoy a favor de la prohibición comercial de estos dispositivos que contienen más de 30 sustancias toxicas y están vinculados a daños pulmonares graves, adicciones e inclusive muerte; sin embargo, en contra del encarcelamiento”.
Del PVEM, la diputada Casandra Prisilla De Los Santos Flores indicó que esta iniciativa reconoce los desafíos actuales y propone fortalecer la facultad de la Secretaría de Salud como autoridad rectora, incorpora mecanismos en coordinación con los sistemas estatales que impulsa un modelo más coherente y reduce duplicidades.
De MC, la diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre aseguró que, de aprobarse la iniciativa, México sería el único país que criminaliza al consumidor, comerciante y distribuidor. Refirió que la Organización Mundial de la Salud no recomienda criminalizar dichos dispositivos porque generan un mercado negro y efectos perversos.
La diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez (Morena) manifestó que con esta reforma existen avances en el Plan Maestro de infraestructura, regulaciones, expandir la conectividad a todos los centros de salud, generar el uso del expediente clínico electrónico, asegurar estándares de calidad y seguridad en telemedicina y fomentar la adopción de tecnologías más avanzadas.
En su turno, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) aseveró que es una reforma buena por el tema de salud; sin embargo, punitiva porque se castiga de uno a ocho años a alguien que porta vapeadores. “La sanción se me hace exagerada ya que tenemos tantos violentos afuera que no reciben penas, pero quieren multar a alguien sí lo encuentran con un vape”.
Del PAN, la diputada Mónica Becerra Moreno resaltó que este dictamen tiene vacíos y falta de análisis ya que los temas a discusión no son menores porque marcarán una pauta para mejorar la salud de las y los mexicanos. Añadió que se modifican elementos fundamentales mismos que no puede votarse con prisas y sin escuchar a especialistas.
La diputada María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) hizo notar que se impulsa el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud con la incorporación formalmente de la salud digital, el plan en infraestructura en salud y equipamiento médico de alta tecnología y se incorpora la atención a quejas por servicios médicos, entre otros.
Del PT, la diputada Margarita García García externó que el dictamen sube a rango constitucional el Plan Maestro Nacional de infraestructura en salud y equipamiento médico de alta tecnología, en el que todas las unidades médicas hacen de conocimiento cuáles son las necesidades que presentan.
También del PT, la diputada Greycy Marian Durán Alarcón expresó que siempre será un favor de la salud, pero no acompañará el dictamen porque la prohibición no puede ser la solución y, lo único que ocasionará será que el mercado negro de los vapeadores aumente.
El diputado José Mario Iñiguez Franco (PAN) comentó que en esta reforma el fondo de salud que antes si protegía a los pacientes con cáncer, infartos o enfermedades catastróficas, hoy se ha reducido a la tercera parte y sin garantías de uso, “no se puede transformar la salud de esa manera y sin presupuesto”.
Al hablar a favor, la diputada María Magdalena Rosales Cruz (Morena) dijo que no existe prohibición para el consumo de vapeadores, únicamente para la preparación, conservación, producción, fabricación, mezcla, acondicionamiento, envasado, transporte y finos comerciales de almacenamiento e importación.
También de Morena, el diputado Fernando Mendoza Arce aseguró que se proponen reformas integrales enfocadas en proteger la salud pública, fortalecer el sistema nacional de salud y modernizar su operación. “La iniciativa únicamente armoniza la ley con el texto constitucional, reiterando que, dentro de las actividades prohibidas, no se incluye la posesión o el consumo”.
La diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) expuso que el intercambio de servicios y el modelo de compras públicas requiere reglas claras, planeación y presupuesto, sin ello solo aumentará la saturación en instituciones que ya están al límite. Añadió que también se preocupa que se creen bases de datos médicos sin lineamientos sólidos para proteger la información de las personas.
De Morena, el diputado José Armando Fernández Samaniego mencionó que este tipo de productos son anunciados con una mercadotecnia muy distinta, con la creencia de que no son nocivos como el tabaco. “Estamos construyendo un sistema de salud eficiente, que pueda atacar estas enfermedades de las y los mexicanos”.
