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CIUDAD DE MEXICO; Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2025.- Con la participación de ponentes de asociaciones civiles, organismos y pueblos originarios, se llevó a cabo la tercera jornada de las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, y cuyo tema central fue “Agua en el medio rural. Núcleos Agrarios, ejidos y comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos”.
Grupo de trabajo Zona Centro
La diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI) lamentó que hoy el tema central del debate no es el derecho humano al agua sino la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que amenaza directamente la vida del campo, de los núcleos agrarios, comunidades indígenas y afromexicanas y de millones de usuarios rurales que dependen del agua para vivir y producir.
“La reforma que está sobre la mesa no es técnica, es de concentración de poder que pone en riesgo derechos, genera incertidumbre y abre la puerta a decisiones discrecionales”, subrayó.
Por su parte, el diputado José Narro Céspedes (Morena) explicó que la reforma constitucional obliga a hacer una sola ley, pero aclaró que no está en contra de la concentración a fin de poner orden pues hay mucha corrupción donde se daban concesiones y se autorizaban pozos.
Aseguró que en la iniciativa no se ataca el problema de la concentración del agua y la privatización que ya se vive, además de que actualmente hay un grupo que se ha apoderado de este líquido, que son los grandes dueños de minerales, lecheras, refrescantes y embotelladoras de agua.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) comentó que en esta ocasión se escuchóon diversas visiones de acuerdo a las zonas geográficas, por lo que agradeció la participación de los diputados y asesores que dieron seguimiento a las audiencias. “En este Grupo de Trabajo dimos escucha a 19 ponentes, lo cual es muy nutritivo para el ejercicio”.
Precisó que el 18 de noviembre se escuchóon 80 ponencias, los 19 fueron 35 ponencias y para mañana están programadas 72 ponencias, desde las 10 de la mañana y hasta las cinco de la tarde.
Alfonso Garzón Martínez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional en el Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos, mencionó que la iniciativa genera preocupaciones por las restricciones que podrían impactar negativamente la viabilidad económica y operativa del campo.
Patricia Ávila García, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, demostró que el mandato constitucional debería ser el de tener una sola ley que incluya tanto el derecho humano al agua como el tema de concesiones y asignaciones de agua.
En el encuentro, los ponentes pidieron que se incluyeran dentro del nuevo marco legal la figura del sector de producción e indicaron que es indispensable la participación de la sociedad en la toma de decisiones que a corto y largo plazo modifican el destino de las comunidades, poblaciones y ciudades, y que den lugar a armonizar la sana convivencia con el bienestar social, el proceder político y el desarrollo económico.
Resaltaron que la experiencia de las comunidades agrarias y pueblos indígenas y afromexicanos demuestra que el régimen jurídico vigente del agua centrado en concesiones y trámites administrativos no ha garantizado los derechos colectivos.
Entre las diversas propuestas sugirieron se incorpore al proyecto de ley el reconocimiento pleno de los derechos colectivos al agua y advirtieron que una reforma que ignora los derechos históricos de ejidos y comunidades permitiendo seguir concesiones privadas sobre manantiales comunitarios, que la autoridad desconozca sistemas de gestión indígena y comunitaria y continuar vulnerando el derecho humano a este recurso.
Puntualizaron que se requiere que los pueblos originarios tengan el derecho a la administración del agua y realizarlo a través de los sistemas comunitarios de agua, evitando que sean cooptados por asociaciones civiles que lucran con el líquido.
En diversas participaciones los expositores externaron que no es viable tener dos leyes del agua al mismo tiempo, ya que habrá más burocracia, costos y carga administrativa, además de que la planeación hídrica se va a debilitar.
Grupo de trabajo Zona Norte
La diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena) señaló que los representantes de la zona norte han realizado buenas propuestas que se verán reflejadas en la nueva Ley de Aguas Nacionales. Los foros han sido un gran éxito debido a que se está escuchando a la ciudadanía, porque “las leyes no se hacen detrás del escritorio, hay que escuchar al ciudadano”.
El diputado Alejandro Pérez Cuéllar (PVEM), a nombre de productores de Chihuahua, expresó inquietudes como la posible eliminación de la transmisión de derechos de agua en casos legítimos, la condicionante de que las prórrogas dependen de la disponibilidad del recurso al momento del trámite y la intención de aplicar disposiciones con efectos retroactivos, en contravención del principio constitucional.
El presidente de la Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras, Jorge Agustín Chinolla Gamez, subrayó la importancia de reconocer y regular las norias y pozos domésticos en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas para garantizar el derecho humano al agua sin trámites excesivos o barreras burocráticas.
Del Distrito de Riego del Río Mayo, Alejandro Olea Guereña sugirió la transmisión de derechos, proporcionar el uso temporal a terceros para fines agrícolas o ganaderos, facilitar las solicitudes de prórrogas, premiar a los usuarios que inviertan en la tecnificación de riego y eliminar la aplicación retroactiva de trámites pendientes ante la Conagua.
María Elizabeth Estrada Macías, de la Contraloría Autónoma del Agua de La Laguna, pidió incorporar el reconocimiento de los derechos colectivos al agua, que deben ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, así como priorizar la asignación de volúmenes para ejidos, comunidades y pueblos cuando existan cuencas o acuíferos con disponibilidad.
Participaron también ejidatarios de Jalisco y Tamaulipas, quienes propusieron incorporar los conceptos de justicia hídrica y la vinculación expresa del derecho a la alimentación con la protección del agua agrícola, mediante la creación de un artículo que preserve los derechos de los ejidos, así como un registro de derechos al agua para pueblos indígenas comunitarios, núcleos agrarios y productores.
Grupo de trabajo Zona Sur
En este grupo de trabajo, la diputada Rosa María Castro Salinas (Morena), propuso agregar un párrafo segundo al artículo 9 para asegurar que cualquier acción, plan o programa considere la situación específica de las comunidades indígenas y afromexicanas, bajo el principio de progresividad, no regresión, así como el de no discriminación.
También de Morena, la diputada Irma Juan Carlos aseguró que el derecho humano al agua debe ser una garantía del Gobierno Federal. Pidió incorporar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el Consejo Técnico Consultivo, así como a las alcaldías y autoridades indígenas en la definición de las vocalías y garantizar la participación con voz y voto de los pueblos en los organismos de cuenca.
El diputado Jonathan Puertos Chimalhua (PVEM) planteó establecer con claridad una protección jurídica y efectiva que otorgue el derecho preferente al agua de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a través de la asignación y otorgamiento de concesiones.
Rosita Martínez Facundo, presidenta del Consejo Consultivo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Originarios y Afromexicanos, refirió que actualmente la Ley de Aguas Nacionales no integra el concepto de “pueblos indígenas y afromexicanos”. Agrega que es necesario incluir esta denominación, ya que el agua es un recurso vital para los pueblos y su protección es fundamental para garantizar su supervivencia y bienestar.
En tanto, José Luis Méndez Rodríguez, asesor de la Asociación de Patronatos de Agua del Municipio de Sitalá, Chiapas, pidió que la gestión comunitaria del agua sea reconocida en la nueva Ley General de Aguas como una expresión concreta de los humanos al agua y al saneamiento, ya que se trata de una práctica ancestral y de supervivencia de las comunidades.
Finalmente, Nadir Hernández Quiroz, colaborador del Centro de Derechos Indígenas Flor y Centro AC, solicitó reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público al agua en sus territorios, así como los diversos contextos climáticos de los territorios indígenas y sus implicaciones para priorizar el acceso al agua.
