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Animal Político
CIUDAD DE MEXICO, 13 de agosto de 2019./Animal Político.- Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, ingresó este martes al penal de Santa Martha Acatitla, luego de que un juez determinó su probable responsabilidad en el esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra, y ordenó iniciar una investigación.
Se trata de la primera secretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto que pisa la cárcel por los presuntos desvíos millonarios que involucraron a 11 dependencias federales, ocho universidades públicas y 186 empresas.
Después de la audiencia inicial, el juez ordenó dos meses para armar la indagatoria. En ese tiempo la Fiscalía General de la República (FGR) deberá sustentar la acusación de ejercicio indebido de la función pública, y la defensa presentar pruebas a favor de la inocencia de Robles.
Los abogados de Robles acusaron en un comunicado que aplicar la prisión preventiva al estar acusada de un delito que no es grave es muestra de un “proceso imparcial y por consigna”, y que Robles es un “chivo expiatorio”, para exculpar a otros exfuncionarios.
Si bien ahora mismo Robles está en prisión, aún no es declarada culpable y el proceso en su contra apenas comienza.
Para conocer qué es lo que sigue, Animal Político consultó a la organización Tojil A. C., que junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad interpuso la denuncia penal que resultó en el proceso legal que ahora se sigue; y también se consultó a los defensores de la exjefa de Gobierno, que adelantaron que impugnarán.
¿En qué etapa está el proceso de Robles?
En este momento, luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidiera vincularla a proceso, y establecer prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga, está corriendo el periodo de investigación complementaria.
Mientras transcurre, Robles seguirá en prisión preventiva y no puede salir bajo fianza.
Si bien el juez marcó un periodo de dos meses de investigación complementaria, la ley marca que esta etapa puede durar de dos a seis meses, e incluso ambas partes pueden pedir que se extienda ese periodo.
Y cuando concluya la investigación complementaria…
Al terminar dicha etapa la parte acusadora, que es la Fiscalía General, tiene dos opciones: acusar formalmente a Robles para solicitar que se inicie un juicio; o el sobreseimiento, que es desistir y señalar que no tiene los elementos necesarios para seguir con su acusación.
Si persiste y hace su acusación ante el juez, la Fiscalía debe presentarla por escrito, y de acuerdo con Estefanía Medina, abogada de Tojil A. C., “incluso puede variar los delitos” por los que responsabiliza a Robles, y que ya no sea ejercicio indebido de la función pública, sino que haga una “reclasificación” del delito.
“Un dato importante es que si bien se puede cambiar el delito en esa acusación, no pueden variarse los hechos que ya se establecieron en la vinculación a proceso”, apuntó Medina.
La abogada, en este sentido, recordó que Tojil A. C. denunció a Robles por los delitos de cohecho y ejercicio indebido de funciones, aunque de momento la exfuncionaria aún no enfrenta un proceso penal por esos crímenes vinculados a corrupción.
En el escenario de que la Fiscalía presente la acusación formal se abre otro periodo conocido como “descubrimiento probatorio”. En él la defensa debe mostrar a la Fiscalía las pruebas que pretende ofrecer, para ir a juicio, “y una vez ocurrido eso se cita a una audiencia intermedia”, donde ya el juez analiza o “depura” los elementos que presentará cada una de las partes.
Entonces el juez ya podría dar una fecha para iniciar el juicio.
Mientras esto ocurre, otro elemento a considerar es que nuevas denuncias contra Robles podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión, con su respectivo proceso judicial.
Un juicio abreviado, una posibilidad
Lo anterior es un escenario, pero “desde el día de mañana”, señaló Medina, la Fiscalía General puede proponer a Robles ir a un juicio abreviado, como el que se dio en el caso de Javier Duarte, que fue condenado a nueve años de prisión por el caso de Las Empresas Fantasma de Veracruz.
Es decir, la parte acusadora y Robles podrían llegar a un acuerdo en el que la exfuncionaria federal se declare culpable a cambio de recibir una pena reducida por el delito de ejercicio indebido de la función pública, que alcanza entre 2 y 7 años de prisión.
“Nosotros opinamos que en este tipo de casos, por el impacto que tiene, por el nivel de redes que tiene, al igual que el caso Duarte, lo óptimo es que se llegue a un juicio para que ahí se puedan desahogar las pruebas, para que no quede lugar a dudas de cuáles son los hechos en los que se está incurriendo.
No parece una buena idea el procedimiento abreviado, pero tenemos el antecedente gravísimo del caso Duarte”, opinó Medina.
El recurso de apelación
La defensa de Rosario Robles tiene la oportunidad de apelar la vinculación a proceso y la prisión preventiva. Para presentar el recurso ante el juez que ordenó esas medidas tiene un plazo de tres días, contados a partir de este martes 13 de agosto.
Estefanía Medina, abogada de Tojil A. C., explicó que el proceso de apelación “es relativamente rápido”, ya que en un plazo de entre 10 o 15 días, una vez presentado el recurso, un tribunal podría resolver si hubo agravios que ameriten revocar la vinculación a proceso o la prisión preventiva.
Es decir, en ese lapso Robles podría recobrar su libertad, si gana la apelación.
La medida cautelar de prisión preventiva, refirió la defensa de Robles en un comunicado, es “totalmente innecesaria e injusta”, una muestra de lo que consideran una persecución política.
Así que “será impugnada”, adelantaron.
Los abogados de Robles consideraron que la actuación del juez que vinculó a proceso a su cliente fue inaudita, al proferir “palabras de sarcasmo y de injuria” en contra de ellos.
“Creemos que este no es el trato que merece la defensa de cualquier ciudadano mexicano. Se ha violado el principio de presunción de inocencia, se ha violado el debido proceso, se han mancillado los derechos humanos de Rosario Robles”, expresaron.
¿Investigarán a Peña Nieto y a Meade?
En la audiencia del 13 de agosto, el juez pidió investigar la posible participación del ahora expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario José Antonio Meade, en los desvíos de La Estafa Maestra.
Al respecto, Medina comentó que los jueces tienen la obligación de que, si en el curso de una audiencia “surge la posibilidad de que alguien más cometió un delito”, entonces deben “dar vista” o deben informar a la autoridad investigadora, en este caso la Fiscalía General.
Sin embargo, no es un mandato, explicó la abogada, la decisión queda en manos de la Fiscalía General y ya no deben dar cuenta al juez.
Meade y Peña Nieto, agregó, podrían ser parte del proceso si alguna de las partes, la defensa de Robles o la Fiscalía, considera su testimonio como parte de sus pruebas. Pero ello depende de la estrategia legal que definan.