Plantea María Rosete generar mecanismos para garantizar seguridad de niñas y adolescentes embarazadas

+ Es crucial que personal de salud que atienda a menores de edad gestantes informen a la unidad de Trabajo Social para descartar cualquier indicio de violencia sexual, sostiene la diputada del PT

+ Agresiones de este tipo son factor detonante de los altos índices de embarazos en infantes de 10 a 14 años en nuestro país; 94 por ciento no denuncia por temor, señala

CIUDAD DE MEXICO, Palacio Legislativo, 29 de enero de 2022 (Notilegis).- La diputada federal María Rosete (PT) presentó una iniciativa que modifica la Ley General de Salud, con el objetivo de generar mecanismos que garanticen la seguridad de niñas y adolescentes embarazadas, al facultar al personal de salud que las atienda informen a la unidad de Trabajo Social para que, conjuntamente con un profesional en psicología, las entrevisten, emitan dictamen y descarten cualquier indicio de violencia sexual.

Al presentar esta modificación, la legisladora petista denunció que las agresiones de este tipo son un factor fundamental de los altos índices de embarazos en menores de 10 a 14 años y lo más grave es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 94 por ciento no denuncian por temor a ser violentadas física, psicológica y emocionalmente.

“Entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar de embarazos en infantes y adolescentes; concluimos que gran porcentaje de éstos no son el resultado de sus decisiones, sino son obligadas, coaccionadas o amenazadas por adultos”, indicó la diputada en un comunicado.

En ese mismo sentido, la congresista por la Ciudad de México señaló que éste es un problema de salud pública y su impacto tiene una relación directa con el ejercicio de derechos humanos, bienestar psicosocial y físico de las menores y sus familias, que las coloca como uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

“Se debe hacer todo por promover el pleno desarrollo de la niñez y adolescencia; su protección está garantizada en la Constitución, por lo que se deben impulsar políticas públicas a su favor y erradicar la violencia que sufren”, finalizó.