Ley de movilidad con órgano regulador empoderado

+ Sería justificar entrega del transporte a grandes empresas: MOVA

+ Alejandro Luna, coordinador de MOVA, dijo en el 6º CIT que mediante el diálogo lograron restarle facultades, conseguir incremento anual a la tarifa y un capítulo de concesiones.

MÉXICO, D. F., 25 de Abril de 2014.- Una Ley en Materia de Movilidad que contenga un órgano regulador con facultades similares a las de la nueva Secretaría de Movilidad, sería la antesala para justificar que aun transformándonos, se generará el quebranto y la entrega del transporte a inversionistas privados pero con un gran poder económico y político, que pudiera condicionar a la autoridad para la prestación del servicio.

Tras realizar el anterior análisis, Alejandro Luna Becerra, Coordinador General del Grupo Movilidad de Vanguardia (MOVA), que aglutina a la mitad del transporte en el Distrito Federal, confía en que cuando a más tardar el martes se vote la nueva ley, se mantengan los acuerdos logrados con la presidenta de la Comisión de Movilidad Transporte y Vialidad de la ALDF, Diputada Claudia Guadalupe Cortés Quiroz.

En su intervención dentro del panel “El proceso de la Ley de Movilidad en la Ciudad de México”, realizado en el 6º Congreso Internacional del Transporte que organiza la Asociación Mexicana de Transportes y Vialidad (AMTM), Luna expresó que en caso de contravenir sus derechos, lo que les quedaría es acudir a los órganos jurisdiccionales para interponer una acción o recurso de inconstitucionalidad, para alegar un atentado contra nuestra Carta Magna.

Luna Becerra enumeró que tras la Ley propuesta por la diputada Laura Ballesteros, donde había un criterio aniquilador de los derechos de los transportistas, lograron con la Comisión de Movilidad en la ALDF integrar los derechos que les permitan seguir conservando su fuente de empleo, sin estar en contra de la transformación.

“Cuando ya teníamos el acuerdo, el 19 de diciembre de 2013 presentan la iniciativa del Dr. Miguel Ángel Mancera. Lo que nos llama la atención primero es que a diferencia de la Ley vigente actual que contempla un capítulo de concesiones, en la presentada por el jefe de Gobierno la desaparece y traslada todo el cuerpo de obligaciones y regulación de las concesiones al Sistema Integrado de Transporte”, expresó.

La propuesta minimizó la concesión cuando es el documento idóneo, jurídico y legítimo que autoriza la prestación del servicio y, el otro punto, fue el incremento a la tarifa donde seguía dándose la discrecionalidad del incremento al Jefe de Gobierno pero sin plasmar los tiempos.

«En cuanto a las concesiones se logró hacer un capítulo específico donde hay derechos y obligaciones para que se siga respetando el ente jurídico que legitima a los transportistas para seguir prestando el servicio en sus distintas modalidades», apuntó el coordinador general de MOVA.

Finalmente lograron que la tarifa se incremente cada año de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el índice inflacionario, el desliz de la paridad peso dólar, el incremento de los carburantes y todo lo que tiene que ver con el servicio. Pero también que haya un incremento de por lo menos un dígito, pero que esté ahí aunque sea de solo algunos centavos y no se apruebe.

Pero lo más peligroso que encontramos en la iniciativa del Jefe de Gobierno fue el órgano regulador dentro del Sistema Integrado de Transporte, con prácticamente las mismas facultades de la nueva Secretaría de Movilidad.

“Es antijurídico que dentro de una ley existan dos entes que regulen y, sobre todo, que el órgano regulador pasa a requisar los estados financieros de las empresas y porque cuando eso sucede, prácticamente es ir a la quiebra”, añadió Luna Becerra.

Finalmente, con la diputada Claudia Guadalupe Cortés Quiroz se le quitaron facultades al órgano regulador y sólo se le dejaron las que le permiten supervisar la operación, pero sin injerencia directa en las cuestiones administrativas y ni en las financieras.

Finalmente dijo Luna Becerra que lo que ocurra tras el debate de la ley, será responsabilidad de los diputados porque los transportistas ya hicieron su trabajo.

 

.