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LETRAS DESNUDAS

31 julio 2018

MARIO CABALLERO

CON LA CORRUPCIÓN EN LA MANO

A mediados de noviembre de 2017, un empresario de Cintalapa de nombre Sergio “N”, propietario del bar Mi ranchito, fue atacado a tiros en la entrada de su negocio por dos personas que llegaron a bordo de una motocicleta negra. Al oír los disparos se arrojó al suelo y se arrastró hacia dentro del local. “Por un milagro de Dios” –dijo- no lo hirieron. El balazo que quedó incrustado en uno de los muros del portón indica que el objetivo era matarlo.

Un día después, otro empresario fue baleado y herido de gravedad. A partir de esa fecha, la población ha venido denunciando que una camioneta de redilas con vidrios polarizados y dos autos compactos han hecho varios levantones en distintos puntos del municipio, pero las autoridades municipales no han hecho nada al respecto.

El pasado 22 de abril, Cruz Antonio García Flores fue asesinado de 15 balazos en el interior de su hogar. Tanto afuera como adentro de la casa se encontraron alrededor de 18 casquillos de calibres 9 y 12 milímetros. De acuerdo al reporte policial, los homicidas abrieron la puerta a escopetazos y lo ultimaron con una pistola. La viuda, Guadalupe Sánchez Ramírez, dijo que no reconoció a los atacantes y que sólo vio que huyeron en un coche color negro.

Historias como éstas se han repetido decenas de veces a lo largo de los últimos tres años. Cintalapa se ha convertido en un municipio inseguro y violento, con asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, robos a negocios, secuestros, violaciones sexuales, extorsiones a empresarios y homicidios. Y hay barruntos de que el presidente municipal, Carlos Enrique Arreola Moguel, es cómplice de las bandas criminales que operan en la localidad.

El gobierno de “Kike” Arreola es el peor del que tengamos memoria. Se dedicó a conformar un poder hegemónico capaz de brincarse las leyes y someter al cabildo. Pero ahí no terminan los abusos. Tan importante como la ruptura social es la corrupción y la impunidad de los funcionarios de esa administración que han caído en actos de violencia política de género, nepotismo, malversación de recursos públicos, coerción y amenazas al personal del ayuntamiento.

DEUDA, DESACATO Y VIOLENCIA POLÍTICA

Arreola Moguel creció políticamente bajo la tutela de Roberto Albores Gleason, ex candidato del PRI al Gobierno de Chiapas. Por eso no fue extraño que pagara más de una docena de camiones con acarreados para que acudieran al Informe Legislativo Ciudadano que el entonces senador Albores rindió en el estadio “Víctor Manuel Reyna” el 22 de abril de 2017, pero obviamente con cargo al erario municipal.

Durante el periodo de campaña electoral en 2015, se dijo que “Kike” Arreola había recibido 20 millones de pesos de un empresario del estado de Puebla para financiar su proyecto. Y, ahora, ese empresario ha obtenido diversos contratos de obra pública durante lo que va del trienio, como la construcción reciente de dos puentes en el ejido Vistahermosa y en Pomposo Castellanos por varios millones de pesos.

A inicios de su gestión, Enrique Arreola enfrentó un juicio mercantil ante instancias federales que lo obligaron a saldar una deuda de más de un millón 500 mil pesos contraída en gobiernos anteriores, pero desacató la orden y le dio largas al asunto. Por esa negligencia, en la que fueron cómplices el tesorero Miller Alfaro Salinas y el jurídico José Alberto Mendoza Coutiño, las autoridades giraron una orden de apremio contra el representante jurídico del ayuntamiento, la síndico Lilia Guadalupe Natarén Gómez, que estuvo tras las rejas por doce horas en la Delegación de la PGR.

Esa detención sucedió el 4 de octubre de 2016, por lo que el tesorero municipal y el jurídico se comprometieron con Natarén a realizar el pago en febrero de 2017, por lo que ella no hizo público su detención. Pero no pagaron. La intención de que Enrique Arreola faltara a su promesa era porque quería afectar a la síndico por el simple hecho de ser mujer. “Ellas (las mujeres políticas) no tienen capacidad”, ha dicho.

Llegó una nueva orden de apremio en contra de Lilia Natarén pero esta vez por 36 horas, y no estaba dispuesta a volver a la cárcel sólo porque el alcalde se había encaprichado en no pagar. Así que fue con Arreola y le dijo que si iba nuevamente a prisión le haría un escándalo. Y Kike le dijo: “No te preocupes reina, todo está bien. Promuevo un amparo. Me lo dan en el Juzgado Quinto, no sólo para mí también para el ayuntamiento. Algunos regidores no han entendido que el dinero no lo debo yo, lo debe el ayuntamiento y éste está conformado por presidente, síndico y regidores”.

Ese amparo los protegería de las consecuencias legales, pero fue cancelado cuando se descubrió que los esbirros del presidente habían cometido fraude contra del patrimonio del municipio. Fue así que a Enrique Arreola lo detuvieron el 24 de abril de 2017 y pasó 36 horas en una celda.

A partir de su detención se destapó la cloaca y se supieron los desfalcos, el nepotismo, la coerción política y el tráfico de influencias.

MÁS PUDRICIÓN

El 1 de marzo de 2017, Arreola Moguel ordenó el despido de todo el personal de la sindicatura. El objetivo era humillar y violentar a Lilia Guadalupe, que se había convertido en la principal opositora de los malos manejos del alcalde.

Ante los abusos de poder, un grupo de empresarios de Cintalapa denunció la extorsión de los familiares y funcionarios de Kike Arreola. En primer lugar, dijeron que el padre del alcalde, también de nombre Enrique Arreola y encargado de los talleres automotrices del ayuntamiento, pedía el 30 por ciento de diezmo a cada refaccionaria y si no le pagaban amenazaba a los dueños con quedar sin venderle al gobierno municipal. Ha sido tanta la presión de este sujeto que los comerciantes le hicieron pagos en efectivo.

No es todo. Aseguran que para poder cobrar sus facturas tienen que darle un porcentaje al oficial mayor Eddy Meza y su respectiva mochada al tesorero Miller Alfaro.

El 20 de febrero de 2017, la síndico y regidores decidieron despedir a Eddy Pascual Meza y a José Alberto Mendoza, ya que se descubrió que habían vendido 25 vehículos oficiales sin la autorización del cabildo y cometido varias irregularidades contra bienes inmuebles municipales. Cuentan que algunos de estos bienes los vendieron de manera ilegal.

Pero en la sesión ordinaria del 27 de febrero, Enrique Arreola Moguel revocó el acuerdo de destitución de los dos servidores públicos. Se rumora que sobornó a algunos regidores para que estuvieran a su favor. Finalmente, no sólo los reinstaló en sus puestos, también protegió a esos burócratas corruptos para que no le rindiera cuentas a la justicia.

El 7 de diciembre del año pasado, miles de damnificados por el terremoto del 7 de septiembre marcharon en protesta de que les entregaron tarjetas sin saldo para iniciar la reconstrucción. Pero en medio de las exigencias declararon que el gobierno de Arreola se había “olvidado” de registrar ante la SEDATU a cerca de dos mil afectados y que en las listas de beneficiarios aparecían muchos nombres duplicados. Estamos aquí ante otro posible fraude.

La Secretaría de la Contraloría General informó que a partir de la auditoría no. 056/2017 practicada a los ejercicios 2016 y 2017 del ayuntamiento de Cintalapa, se descubrió que la gestión de Arreola Moguel había hecho pagos improcedentes por 247 mil 276 pesos y que no entregó la documentación comprobatoria. Lo grave es el presunto desvío de 96 millones 208 mil 876 pesos, correspondientes a obra pública.

¿Dónde está el dinero? Se presume que invertido en las residencias, camionetas del año y otras propiedades del alcalde y de sus colaboradores, que no tienen empacho en presumir sus riquezas.

CÁRCEL

Enrique Arreola ejerce un liderazgo que es una fuente de derroche, ineficiencia y corrupción. Las autoridades competentes tienen razones de más para enviarlo a la cárcel porque además de que no ha entregado la Cuenta Pública de los pasados años y de que pesan sobre él varias denuncias de violencia política, violación a las leyes electorales y malversación de recursos públicos, dicen que está armando grupos de choque con gente de Tuxtla Gutiérrez y de Puebla para impedir que Francisco Nava, del PVEM, tome protesta como nuevo presidente municipal.

Ya veremos si en los próximos meses Kike Arreola sigue amagando al futuro gobierno de que a él “nadie lo toca porque está protegido desde lo más alto del poder”. ¡Chao!

@_MarioCaballero

 

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