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LETRAS DESNUDAS

12 Diciembre 2017

MARIO CABALLERO

REELECCIÓN Y CORRUPCIÓN: TÉRMINOS INTERCAMBIABLES

Con la aprobación de la Reforma Política, en 2018 los senadores podrán reelegirse hasta por un periodo, los diputados federales y locales por tres y los presidentes municipales por uno más. Pero si ligamos a eso que la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos, que representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, habría que voltear a ver qué dicen las instituciones sobre los que buscarán la reelección en los próximos comicios.

Para cualquier interesado en conocer el destino de los recursos públicos y el funcionamiento de los programas gubernamentales, no hay mejor camino que consultar los informes que periódicamente pone a nuestra disposición la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En ellos podemos encontrar tres tipos de datos indispensables para ejercer nuestro derecho a la información y la rendición de cuentas, como las irregularidades en las dependencias de gobierno, el alejamiento de los objetivos de los programas sociales y el desvío sistemático de recursos públicos por parte del gobierno federal y los estados.

Por ejemplo: entre los desvíos e irregularidades el rubro más importante es el gasto federalizado, es decir, los recursos destinados a las entidades federativas que en su conjunto son responsables de la malversación de 45 mil 213 millones de pesos.

Las dependencias con mayores observaciones son PEMEX y CFE, con mil 940 millones de pesos. La SEDATU, referente al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, tiene señalamientos de desvíos por más de mil 794 millones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 732 millones de pesos.

Si a esas cifras sumamos las de la Primera Entrega de la ASF, en junio de 2017, sabemos que los daños al Presupuesto de 2016 fueron determinados por 53 mil 61 millones de pesos, de los cuales sólo se recuperaron mil 938 millones quedando pendientes más de 51 mil millones, que todavía deben ser aclarados o reintegrados a las arcas de los mexicanos.

Lo más importante de observar los informes son las conclusiones que podemos extraer sobre los procesos más recurrentes en el desvío de recursos públicos, tales como la discrecionalidad del gasto, las ampliaciones presupuestales sin suficiente o ningún sustento real, el abuso de las asignaciones directas, las trampas en las licitaciones abiertas o restringidas, el sobreprecio en las compras gubernamentales y contrataciones públicas, y la falta de comprobantes en el ejercicio del gasto. En otras palabras, el modus operandi de los gobernantes corruptos.

REPETIR LA ESTAFA

La reelección en México fue invalidada el 27 de noviembre de 1911 por el entonces presidente Francisco I. Madero. Esa resolución bajo decreto constitucional impedía la reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. Después de eso entramos al juego de ceder el poder como patrimonio personal, que hasta hace poco fue la esencia de nuestra frágil democracia.

Aunque la información que aporta el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE) no es tan clara ni precisa como la de la ASF, basta como indicio para tener una referencia sobre quienes pretenden perpetuarse en el poder. Para meditar mejor la decisión del voto, también podemos apoyarnos con la información que aportan organismos como el CONEVAL, INEGI, SEDESOL, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre otros, que nos aclaran lo que los diputados locales o alcaldes están haciendo con el dinero de nuestros impuestos.

  1. El diputado federal Rafael Guirao Aguilar ha dado señales de querer seguir viviendo del presupuesto. Se cree que para financiar sus proyectos políticos y sus fundaciones, destapó a Antonio Moreno como candidato a la presidencia municipal de Chilón, localidad que maneja a su antojo incluso después de haber terminado su periodo de gestión (2012-2015).

Cuando gobernó dicho municipio, un estudio realizado por SEDESOL encontró que habían 56 mil personas sin posibilidades de una alimentación diaria, 42.56 por ciento tenía un grave rezago educativo y 39 mil 804 habitantes no contaban con los servicios de salud. Por su parte, CONEVAL reveló que “la injusticia social permea en los sectores más vulnerables de la sociedad, donde más de 118 mil habitantes viven en pobreza extrema”.

Además fue señalado de utilizar 50 mil dólares del erario municipal para publicitar su fundación. Últimamente, corre el rumor de que Rafael Guirao tiene nexos con el crimen organizado y que financia los operativos de varios grupos paramilitares. ¿Votaría otra vez por él?

  1. Samuel Chacón Morales es hoy diputado federal del PRI que ha manifestado abiertamente querer repetir en la alcaldía de Tapachula, después de haber dejado una estela de corrupción y faltantes financieros durante el periodo 2012-2015.

SEDESOL lo demandó por no comprobar el uso de 65 millones de pesos de los programas de asistencia social. También habitantes de la colonia Colinas del Rey lo denunciaron por el cumplimiento de una obra de rehabilitación de drenaje y pavimentación por un monto de 18 millones de pesos. En el colmo de la corrupción construyó una fuente de más de 29 millones. Al final de su gestión fue acusado de desviar 600 millones de pesos del erario público.

  1. Roberto Jordán Aguilar Pavón, actual presidente municipal de Ixtapa, dijo en semanas pasadas que buscará ser diputado local. Es hijo del ex diputado Roberto Aquiles Aguilar, que es quien en verdad gobierna en el municipio.

Cuando éste impuso a su hijo en la alcaldía se comprometió a ceder 20 espacios del ayuntamiento a militantes del partido Morena, promesa que nunca cumplió. Ante la falta de respeto a los acuerdos los morenistas quisieron renegociar el pacto, pero la situación terminó en delito. Por órdenes de Aquiles Aguilar fue secuestrado el Delegado de Gobierno, Henri Noé Urbina Pérez, al que trasladaron a una casa de seguridad donde fue brutalmente golpeado. Los que lo acompañaban fueron obligados a huir con disparos de armas de fuego.

Roberto Aguilar Pavón es un junior que se siente intocable por las relaciones políticas y el poder económico de su padre. Aunque como gobernante es mediocre, ha sabido aprovecharse del puesto para incrementar su deleznable fortuna. Se dice que es dueño de una lujosa residencia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y de otra en Tuxtla Gutiérrez, que es donde despacha todo lo que concierne al “gobierno” municipal.

Tiene, además, una camioneta Suburban, un Porsche, un Corvette, un Mustang y un coche Mercedes Benz último modelo. Se rumora que en plena zona dorada de la capital de Chiapas está construyendo un elegante restaurant, y que para protegerse las espaldas quiere imponer a su señora madre, Delia Neri Pavón Hernández, en la alcaldía de Ixtapa. ¡Vaya familia!

  1. Emmanuel Córdova García es presidente municipal de La Concordia e hijo del sabinista Miguel Ángel Córdova Ochoa, el “Amigo Migue”, dirigente estatal del Partido Chiapas Unido. Muchas veces ha mencionado sus aspiraciones políticas y la intención de heredarle el cargo a su hermano Miguel Ángel Córdova García.

Córdova Ochoa está acusado de desviar millonarios recursos de los programas de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social, dependencia estatal para la que fue titular. Emmanuel García fue señalado por un grupo de pobladores de estar desviando los recursos que el gobierno federal envió para los damnificados del terremoto del 7 de septiembre, que aseguran pretende utilizarlos para financiar la campaña política de su hermano.

También comentan que es un borracho que atiende los asuntos del municipio en una oficina alterna en Tuxtla Gutiérrez, y que de la noche a la mañana se convirtió en dueño de ranchos ganaderos, camionetas y residencias, que no tiene empacho por presumirlos a través de sus redes sociales. ¿Qué le espera al municipio si sigue siendo gobernado por esta despreciable familia de corruptos?

¿REELECCIÓN O CORRUPCIÓN?

“No me digas que eres inocente, porque eso insulta mi inteligencia, y eso no me divierte”, dijo Al Pacino en El Padrino. Así que antes de votar, informémonos. EL OFSCE tiene la obligación de darnos información válida al respecto. De esta manera sabremos si estamos votando por un corrupto o por un impostor. Porque en este tiempo hablar de reelección y corrupción, es también hablar de dos palabras con significados a veces intercambiables. ¡Chao!

@_MarioCaballero

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