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Inaceptable calificar de “aviadores” a servidores públicos honrados y con 30 años de servicio, para justificar su despido: René Juárez

CIUDAD DE MÉXICO, a 06 de enero de 2019./                                                                   Boletín No. 131.- Para el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados son inaceptables los argumentos del Gobierno federal que estigmatizan a miles de trabajadores, al calificarlos como “aviadores” y así justificar su despido; entre esos empleados se encuentran ciudadanos honrados, que tenían hasta 20 y 30 años de antigüedad, que han demostrado ser eficientes y profesionales para ocupar su puesto.

El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros subrayó que los mismos afectados han señalado que sus superiores han utilizado técnicas de amedrentamiento y presión para que firmen su renuncia “de forma voluntaria”, pero no se está respetando su antigüedad ni sus prerrogativas laborales.

Para los priistas en San Lázaro, dijo, esto no es una reingeniería institucional, constituye un atropello y una grave violación a los derechos laborales de los afectados, por lo que no se puede tolerar que se obligue a los servidores públicos a firmar sus renuncias.

“Estamos a favor de las políticas de austeridad como una medida para hacer más eficiente el gasto público, pero las razones políticas no pueden ser motivo de despido. Es más, durante los procesos de alternancia de gobierno sucedidos en años anteriores, se realizaban cambios en mandos superiores, pero no se afectaba a los trabajadores de menor rango”, advirtió el GPPRI.

El caso de despidos más llamativo es en el Servicio de Administración Tributaria, pero también se han registrado eventos similares en otras instancias como la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional del Emprendedor, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y ahora en el ISSSTE, todos ellos con un largo historial de experiencia y un alto nivel de capacitación, por lo que despedirlos representa un serio retroceso en la profesionalización de la Función Pública.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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