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IMSS y Hacienda investigan outsourcing fraudulento; podrían ir a la cárcel

+ En 2016, de 900 empresas que se dedicaban al outsourcing, sólo 40 pagaban impuestos.

José Luis Álvarez/El Contribuyente

CIUDAD DE MEXICO, 16 de agosto de 2019./José Luis Álvarez/El Contribuyente.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)firmaron un convenio de intercambio de información. Cabe señalar que éste no es el primero que la SHCP y el IMSS firman (ya hay uno firmado por el SAT y el IMSS).

Las instituciones compartirán reportes de inteligencia sobre los reportes y avisos sobre los contribuyentes en el registro federal de contribuyentes (RFC).

 

IMSS y Hacienda firman convenio para investigar outsourcing fraudulento; podrían ir a la cárcel

Uno de los objetivos del convenio es tener en la mira al outsourcing, o subcontratación laboral, que es considerada una actividad vulnerable. El objetivo es detectar quiénes usan estos esquemas, cuánto dinero manejan, y ver si los recursos que llegan a los trabajadores se declaran en su totalidad.

El intercambio se hará en apego a la Ley del Seguro Social, las leyes de acceso a la información y la Ley de Seguridad Nacional.

Outsourcing sin regular

Según un estudio del centro de análisis sobre mercados de recursos humanos Staffing Industry, en 2016 había unas 900 empresas que ofrecen servicios de subcontratación. De éstas, sólo 100 estaban registradas ante el IMSS, y de éstas, sólo 40 pagaban sus impuestos en regla.

Y no acaba ahí. Según el mismo análisis, de éstas 40 sólo 20 cumplen con los estándares de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), permitiendo auditorías legales y fiscales.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 16.6% de los trabajadores mexicanos trabajan en una outsourcing.

Podrían ir a la cárcel…

De acuerdo a Dinero en Imagen, los contribuyentes que se valgan del outsourcing para evitar pagar impuestos, podrían ir a la cárcel. Esto porque el senado evalúa un paquete de reformas que lo convertiría en un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

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