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Honestidad y fiscalización de recursos públicos, una prioridad para la SHyFP en Chiapas

+ Comparece la Titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública ante el Congreso del Estado en el Marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas

+ Se fiscaliza de manera permanente el manejo de los recursos públicos, buscando garantizar su ejecución en acciones en beneficio de las y los chiapanecos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 11 de Diciembre de 2019.- En Chiapas, la honestidad y la promoción de los valores, la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción son compromisos institucionales del más alto nivel en la agenda del Ejecutivo Estatal, aseguró la titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado, la titular de la dependencia destacó que Chiapas transita a una realidad donde la honestidad y la fiscalización de los recursos públicos, es una política pública que coadyuva en la construcción de sociedades justas y participativas.

Explicó que durante el primer año de la presente administración se han suscrito diversos convenios de coordinación como son los acordados con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) para intercambiar información que permita identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus redes de beneficiarios, la Auditoría Superior del Estado y con 122 ayuntamientos para asesorarlos en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Así mismo, enfatizó que durante el presente ejercicio se han fiscalizado más de 25 mil millones de pesos y emitido 455 acciones de mejora de gestión a través de la ejecución de 182 revisiones realizadas.

Señaló que a través de la dependencia a su cargo se han atendido todos los requerimientos tanto de la Auditoría Superior de la Federación, como de la Secretaría de la Función Pública Federal, a través de los cuales se han solventado 3 mil 010 millones de pesos, mismos que de no haber sido atendidos oportunamente hubiesen significado reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por esa cantidad y habrían repercutido en la disminución de las finanzas estatales.

Ante las y los diputados presentes, la funcionaria estatal sostuvo que en Chiapas está en marcha la puesta en operación del Sistema Estatal de Control Interno, mismo que coadyuvará al cumplimiento de los objetivos y metas de los organismos públicos.

Resaltó el nuevo modelo institucional que la SHyFP promueve, tiene como objetivo mejorar los procedimientos de prevención fomentando la cultura del servicio público con honestidad, ética e integridad, así como con un alto sentido de responsabilidad. En esta tarea, dijo, se involucran 50 comités de ética que se encuentran presentes y funcionando en los organismos públicos más relevantes.

Angell González compartió que se dio cumplimiento total a la presentación de las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés en su modalidad anual y resaltó que en seguimiento a las nuevas disposiciones normativas en esta materia, emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a partir del 1 de enero del próximo año, todas las y los servidores públicos que ingresaron antes del 19 de julio del 2017 deberán presentar su declaración inicial, estimando que en Chiapas 120 mil servidores públicos cumplan con esta obligación, para lo cual se desarrollaron mejoras al sistema Declarachiapas, lo que demuestra que en la entidad ya estamos listos para dar cumplimiento a estas disposiciones.

Respecto a la participación ciudadana enfatizó que la Secretaría a su cargo cuenta con más y mejores mecanismos de participación social dirigidos a las y los niños, jóvenes, beneficiarios de programas sociales y servidores públicos, mismos que buscan involucrar a la sociedad en la construcción de una cultura de participación ciudadana en la que la sociedad colabore en el combate a la corrupción, a través de un ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones.

 

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