“Ediles que no presenten su cuenta pública anual, podrán ser destituidos por el Congreso del Estado”: Ana Laura Romero Basurto

· Los recursos públicos son del pueblo de Chiapas.

TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas;  03 de septiembre de 2021.- La diputada Ana Laura Romero Basurto, Presidenta de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, presenta iniciativa de reforma al artículo 45, fracción XX de la Constitución Política del Estado, para sancionar con la destitución, mediante juicio político, a los ayuntamientos que omitan presentar su Cuenta Pública Anual.

Con esta reforma, la omisión en la presentación de la Cuenta Pública se considerará una violación grave a la Constitución, y por ello, aquel ayuntamiento que incumpla con esa obligación constitucional, podrá estar sujeto a un juicio político que puede culminar con su destitución del puesto.

“Los recursos son del pueblo, por ello el ocultar información de cómo se ejercen, también debe ser considerado un acto de corrupción, el cual debe ser sancionado de forma ejemplar”.

Romero Basurto recordó que la obligación Constitucional de rendir cuentas al pueblo de Chiapas, se encuentra plenamente establecida en el texto constitucional, sin embargo, es fundamental la sanción ejemplar, en caso de incumplimiento; con esta iniciativa de reforma propone que a rango constitucional se imponga castigo, que van desde la inhabilitación, hasta la destitución del cargo para todos aquellos que no entreguen dicha información.

En ese contexto, la legisladora recalcó que, la revisión de las Cuentas Públicas que realiza el Poder Legislativo Local, a través de la Auditoría Superior del Estado, permite conocer la aplicación y ejercicio de los recursos del pueblo Chiapaneco.

Por ello, resaltó que las cuentas públicas deben ser presentadas en tiempo y forma, para que puedan ser fiscalizadas y así, los ciudadanos conozcan en qué y en dónde se gastan sus recursos.

“La sanción será para los ayuntamientos que no transparenten el ejercicio de sus recursos públicos, ya que la falta de entrega de la cuenta pública constituye una obstrucción a la potestad soberana de revisar y fiscalizar, impidiendo que el pueblo de Chiapas conozca en qué y en dónde se están gastando sus recursos públicos”.