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+ Este acuerdo se realizó con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas; 21 de julio de 2020.- El Sistema DIF Chiapas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para atender integralmente a personas afectadas por delitos o violación a sus derechos, de acuerdo con el ámbito de las competencias de cada institución.
“Este acto es para refrendar la voluntad de trabajar en beneficio de la población. Tal como ha dicho nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en esta administración debemos trabajar para el bien de las y los chiapanecos, sobre todo por aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, resaltó el director general del DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro.
El titular del DIF Estatal añadió que las personas víctimas del delito o de violación de sus derechos podrán acceder a los diversos servicios y programas sociales que impulsa el propio DIF. “El Gobernador ha insistido que la atención a este grupo de personas es por justicia social, que en muchos casos requieren servicios psicológicos, por mencionar alguno”.
Asimismo, detalló que de acuerdo con las competencias del DIF Chiapas, buscarán que a las personas canalizadas por la CEEAV, se les garantice el acceso a mayores oportunidades para una mejor calidad de vida y bienestar.
En su participación, la directora general de la CEEAV, Alejandra Elena Rovelo Cruz, agradeció la disposición del DIF Chiapas para trabajar a favor de las personas que se encuentran en el padrón de la Comisión.
“La CEEAV fue creada en febrero del presente año por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para garantizar los derechos en materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, mediante políticas públicas transversales”, informó Rovelo Cruz.
Cabe mencionar que el DIF Chiapas, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, proporcionará atención psicológica y jurídica, así como protección temporal en los casos que se requieran para salvaguardar a las y los menores de edad, así como a las mujeres, quienes tienen el derecho de tener una vida libre de violencia y gozar de sus demás garantías.