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Designan a ministros para controversias por Reforma Educativa

MÉXICO, D.F., 21 de Abril de 2014.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrera fueron asignados para recibir las cuatro controversias constitucionales en materia de Reforma Educativa presentadas la semana pasada por la Presidencia de la República.

Fuentes del órgano judicial explicaron que el siguiente procedimiento es esperar la resolución de cada uno de los ministros, en el sentido de aceptar o rechazar las controversias.

Se detalló que el ministro González Salas recibió el expediente relacionado con el caso de Michoacán; Pardo Rebolledo hará lo propio con el caso de Oaxaca; Pérez Dayán fue asignado para el caso de Sonora, y Zaldívar Lelo de Larrea para el caso de Chiapas.

La SCJN registró con los números de expediente 37/2014, 38/2014, 39/2014 y 40 /2014 las cuatro controversias constitucionales presentadas por el Ejecutivo federal la semana pasada, en relación con la Reforma Educativa.

Fórmese y regístrese el expediente relativo a la controversia constitucional que plantea el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de la República y túrnese al Ministro que corresponde”, se lee en el extracto del acuerdo, con fecha 14 de abril.

Este lunes 21, los números de expediente fueron publicados en la Lista de notificaciones, sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, luego del periodo de descanso por la Semana Santa.

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, anunció el pasado 15 de abril que se presentaron cuatro controversias constitucionales contra los congresos de Chiapas, Sonora y Michoacán y contra el gobierno y el congreso de Oaxaca por incumplir con la Reforma Educativa.

De los cuatro casos, destaca el de Oaxaca, ya que el alegato de la Presidencia de la República es que esta entidad ha sido omisa en su totalidad para cumplir con la reforma constitucional, sin hacer las reformas a su legislación local para armonizarla con la constitucional de 2012.

Sobre la reforma en Chiapas, se impugnaron ocho artículos de su legislación local, por invadir facultades federales o modificar los contenidos establecidos en las leyes generales de la materia.

Según el análisis de la Presidencia, el congreso chiapaneco legisló en materia de regulación de alimentos y bebidas, lo que es una facultad federal; no vinculó los programas de gestión escolar a los lineamientos del orden federal y admitió la participación sindical en programas de capacitación.

En Michoacán se impugnaron cuatro artículos de la legislación local por otorgar preeminencia a la legislación local sobre la ley general, principalmente.

Por último, en el caso de Sonora se impugnaron 27 artículos de la legislación, al aceptar la separación del servicio con goce de sueldo; se modificaron los parámetros de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente y se reconoció un escalafón, cuando la Reforma Educativa prevé la promoción por medio de las evaluaciones.

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