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Castigo por marchas y bloqueos en Tabasco es para que no haya sobornos: AMLO./El Universal
Gobernador de Tabasco niega que “ley garrote” vaya contra libre manifestación./Milenio
Protestan por ‘ley garrote’ en el Congreso de Tabasco./LaJornada
¿Qué dice la ‘ley garrote’ aprobada en Tabasco?./Milenio
sinembargo.mx
CIUDAD DE MEXICO, 29 de julio de 2019./sinembargo.mx.- El Congreso de Tabasco, con mayoría de Morena, aprobó este lunes la llamada #LeyGarrote, propuesta por el también Gobernador de Morena, Adán Augusto López Hernández.
La reforma al Código Penal de esa entidad, de la que también es oriundo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla penas de 10 a 20 años de cárcel para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.
La negativa para frenar la llamada #LeyGarrote y la discusión del dictamen en el Congreso de Tabasco, provocó protestas. Un grupo de ciudadanos que ingresaron al salón de plenos del edificio legislativo acompañó a los legisladores que aprobaron la nueva ley con gritos de “traidores”, “vendidos” y “nos vemos en 2021”.
La nueva Ley fue aprobada con más de 20 votos a favor.
El dictamen, presentado el viernes pasado, desató protestas no sólo en Tabasco sino a nivel nacional, por lo que lo opositores consideraron una “Le Antimarchas” y busca frenar a quien pretenda manifestarse contra el Gobierno de López Hernández, por lo que en las redes sociales se le bautizó como #LeyGarrote.
“Se trata de ‘meter orden’, porque muchas veces se va a realizar una obra y diversos sindicatos no están de acuerdo por ciertos intereses, y tratan de cerrar el paso para frenar el avance de los proyectos que tanto necesita Tabasco”, dijo Julia Pardo Contreras, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso tabasqueño.
El Congreso de Tabasco se conforma de cuatro fracciones parlamentarias: Morena, con 21 diputados; Partido de la Revolución Demócratica (PRD), con seis; Partido Revolucionario Institucional, con cinco, y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con tres.
Previamente, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobaron en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco, modificaciones a la ley para elevar las penas a aquellos ciudadanos que se manifiesten o impidan la ejecución de obras públicas o privadas.
Con tres votos a favor, de Morena, y uno en contra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la iniciativa fue impulsada por el Gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández. Es la misma que se discutió este lunes.
La iniciativa de Ley contempla penas de 10 a 20 años contra aquellos ciudadanos que realicen manifestaciones, bloqueos carreteros, o impidan la construcción de obras públicas o privadas en la entidad.
Esta determinación, bautizada por los partidos de oposición como #LeyGarrote, modifica los artículos 299, 306, 307 y 308; y la adhesión de los artículos 196 Bis y 308 Bis al Código Penal de Tabasco.
Durante la discusión en la comisión, la Diputada del PRI, Ingrid Rosas Pantoja, criticó la iniciativa y dijo que se busca “inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público”.
Añadió que se pretende criminalizar a los ciudadanos, y dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente se pronunciará en contra porque “él siempre reclamó el derecho a manifestarse”.
Por su parte, y según información de medios locales, los legisladores de Morena aseguraron que la medida busca “meter un orden, en donde las codas que son justas se hagan”.
La denominada como #LeyGarrote implicaría penas de 10 a 20 años de prisión para ciudadanos; y la inhabilitación de cinco a 10 años de cualquier funcionario que efectúe una manifestación.
Castigo por marchas y bloqueos en Tabasco es para que no haya sobornos: AMLO
Alberto Morales/El Universal
CIUDAD DE MEXICO, 29 de julio de 2019./Alberto Morales/El Universal.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los cambios hechos por el Congreso de Tabasco al Código Penal de esa entidad, que castigan con hasta con 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas y bloqueos en carreteras o impida la ejecución de obra pública sea una «ley garrote».
«Tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos a la semana».
Durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador confió en que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López (Morena) aclare dicha modificación.
«No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno. Se acaba el moche, se acaba el huachicoleo», insistió.
Gobernador de Tabasco niega que “ley garrote” vaya contra libre manifestación
Milenio
CIUDAD DE MEXICO, 29 de julio de 2019./Milenio.- El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, aseguró que la llamada “ley garrote” sólo es una reforma al Código Penal del estado enfocado a atacar el delito de extorsión y que no atenta contra el libre derecho de manifestación ni en contra de la libertad de expresión.
“No es ni siquiera una ley, están desinformados, nosotros lo que presentamos una iniciativa para reformar el Código Penal de Tabasco por el delito de extorsión”, dijo el gobernador en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.
Adán Augusto López dijo que esta reforma al Código Penal está enfocada en los grupos de personas que acuden a bloquear empresas relacionadas al tema energético y piden cuotas a los dueños a cambio de poder operar.
“Es un tipo de modalidad que se presentaba en las instalaciones de empresas dedicadas a la energía en donde un grupo de pseudo sindicalizados se presentaban a las afueras de las instalaciones y le decían al empresario que necesitaba pagar una cuota semanal, mensual o anual”.
El gobernador enfatizó que en su estado son respetuosos de la Constitución por lo que son garantes de la libertad de expresión.
Sobre si dicha reforma está enfocada a proteger la refinería de Dos Bocas, obra principal de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López dijo que el 93 por ciento de los tabasqueños están de acuerdo con la construcción.
“Para nada, 93% de los tabasqueños aprueban las construcción de Dos Bocas, aquí se respira un aire de esperanza, finalmente se le viene a hacer justicia a Tabasco, de aquí se han llevado riquezas naturales”.
Protestan por ‘ley garrote’ en el Congreso de Tabasco
René Alberto López, corresponsal/LaJornada
CIUDAD DE MEXICO, 29 de julio de 2019./René Alberto López, corresponsal/LaJornada.- Entre gritos de “traidores”, “vendidos”, y “nos vemos en el 2021” de un grupo de ciudadanos que irrumpió en el Congreso de Tabasco, los diputados discuten la iniciativa conocida ya como ley garrote, que será sometida este lunes al pleno.
Previo a la sesión, diputados de oposición al partido Morena -que gobierna el estado y es mayoría en el Congreso- propusieron cambiar el sentido de la redacción de la llamada ley garrote a fin de “desgeneralizarla” y precisar que no es en contra la libre manifestación.
Señalaron que otra alternativa es la realización de una consulta ciudadana, pues de lo contrario votarán en contra.
El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, arribó al Congreso del estado para dialogar con los legisladores y proponerles cambios a la redacción del documento original que plantea hasta 20 años de prisión a quienes realicen bloqueos en las carreteras e impidan la ejecución de obras públicas o privadas.
Dijo que el gobierno estatal, encabezado por Adán López Hernández, de Morena, es respetuoso de las manifestaciones pacíficas y explicó que la ley es para penalizar a los “seudo-sindicatos” que extorsionan a las empresas cerrando caminos.
Por parte del PRD, la vicecoordinadora parlamentaria Elsy Lidia Izquierdo Morales, consideró que la administración estatal debe de llamar a consulta ciudadana para someter si se aprueba o no la ya conocida ley garrote.
Agregó que la iniciativa tiene como trasfondo el proteger a empresarios que llegarán supuestamente a trabajar a Tabasco y se trata de una propuesta contraria al origen del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mencionó que en lo personal ella votará en contra de esta instancia enviada por el Ejecutivo estatal. El PVEM exige la modificación del dictamen, expresó el vicecoordinador de ese partido, Carlos Mario Ramos Hernández. Aseguró que de lo contrario su voto será en contra de la iniciativa.
En tanto, el PRI adelantó que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es aprobada la iniciativa de penalizar con cárcel a quienes impidan la ejecución de trabajos u obras públicas, y de uno a ocho años a quien obstaculice una vía de comunicación local.
La integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, Ingrid Rosas Pantoja, expuso que se trata de una ocurrencia y abuso del artículo 9 constitucional que permite la libre manifestación.
Dijo que Morena se equivocó y exageró las penas, que incluso son mayores a otros delitos graves que se cometen como violación, abuso sexual o cortar algún miembro corporal a alguna persona, por lo cual se trata de una ley antimarchas.
¿Qué dice la ‘ley garrote’ aprobada en Tabasco?
Mariel Arroyo, Ricardo Lara/Milenio
CIUDAD DE MEXICO, 29 de julio de 2019./Mariel Arroyo, Ricardo Lara/Milenio.- El Congreso de Tabasco aprobó una reforma al Código Penal del estado en materia de extorsión que incrementa las penas por ese delito y establece una pena de hasta 20 años por bloqueos a vías de comunicación o el impedimento de la realización de obras públicas o privadas.
La propuesta, enviada por el gobernador Adán Augusto López, fue criticada por legisladores de oposición que acusaron que la iniciativa criminaliza la protesta social.
Sin embargo, las acusaciones fueron rechazadas por el grupo parlamentario local de Morena y por el mismo gobernador de Tabasco, así como por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, que explicaron que la reforma sólo busca evitar los moches y las extorsiones en obras públicas y privadas.
¿Qué dice exactamente la Ley Garrote?
En el dictamen con proyecto de decreto, la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil explica que el dictamen aprobado hoy es una conjunción de las iniciativas presentadas por el diputado priista Gerald Washington Herrera Castellanos y el gobernador Adán Augusto López, enviadas el 26 de febrero y el 24 de julio.
Lo que propuso Herrera Castellanos
El diputado priista propuso que el artículo 196 del Código Penal fuera modificado para endurecer las penas por el delito de extorsión y tras ser aprobado, la redacción de la norma será así.
“Se impondrá prisión de diez a veinte años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (entre 84 mil 490 pesos y 168 mil 980 pesos), al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona”.
Es decir, la imposición de prisión pasó de ser de entre cuatro a 13 años a entre 10 y 20 años; mientras que la multa dejó de medirse en salarios mínimos y ahora se establecerá con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con valor de 84.49 pesos.
Lo que propuso el gobernador
El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, propuso la creación del delito impedimento de ejecución de trabajos u obras, del artículo 196 Bis y del 308 Bis; así como modificaciones a los artículos 299, 306 y 307 del Código Penal del estado.
El artículo 196 bis establece que “al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (entre 84 mil 490 pesos y 168 mil 980 pesos).
Añade que las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras y que se elevarán al doble cuando “en la comisión del delito el sujeto activo, por sí o por interpósita persona, pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo; cuando se utilice violencia o se cometa por dos o más personas”.
Las modificaciones al artículo 289 fueron redactadas igual que el 196 bis, sólo que este aplica para el impedimento de realización de obras públicas.
Las modificaciones a los artículos 306 y 307 aumentan las penas para quien “interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga”.
Antes de la reforma, la sanción por este delito era de entre seis meses a cinco años y una multa de entre 30 y 100 días. Tras la aprobación de la iniciativa, se impondrá de dos a diez años de prisión y multa de sesenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (entre 5 mil 96 y 16 mil 898 pesos).
Agrega que si el transporte dañado estuviese ocupado por una o más personas, las sanciones se aumentarán en una tercera parte.
¿Cárcel por protestar?
En su iniciativa original, el gobernador proponía la creación del artículo 308 bis que establece que “al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (entre 12 mil 741 y 16 mil 898 pesos).
“Se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda, cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.
Sin embargo, la propuesta fue criticada porque la oposición acusó que se corría el riesgo de criminalizar las manifestaciones sociales e ironizaron que el presidente López Obrador y su movimiento se fortalecieron precisamente a través de las protestas, por lo que resultaba incongruente que un gobernador de Morena buscará sancionar con cárcel los bloqueos.
Además, afirmaron que la iniciativa «hacía la tarea» a las empresas petroleras que llegarán al estado para realizar la Refinería de Dos Bocas.
Sin embargo, Morena, el Presidente y el mismo gobernador señalaron que la iniciativa no busca atentar contra el derecho a protestar de la ciudadanía y que sólo busca dar certeza jurídica para los inversionistas en Tabasco, es decir, certeza de que su dinero no se verá afectado por bloqueos a la realización de las obras.
Durante la discusión de la reforma, los legisladores acordaron aprobar en lo general la iniciativa, excepto por el artículo 308 bis, que tras algunas modificaciones, fue redactado y aprobado de la siguiente manera:
“Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten”.
“La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.
Tras la aprobación de la reforma, Adán Augusto López dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que esta reforma al Código Penal está enfocada en los grupos de personas que bloquean empresas relacionadas al tema energético y piden cuotas a los dueños a cambio de poder operar.
«Es un tipo de modalidad que se presentaba en las instalaciones de empresas dedicadas a la energía en donde un grupo de pseudo sindicalizados se presentaban a las afueras de las instalaciones y le decían al empresario que necesitaba pagar una cuota semanal, mensual o anual”.